Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

lugar a que se inicie una acción judicial en contra de un magistrado antes
de ser declarado reo, o sea, antes de que adquiera el carácter de
procesado.
De manera que visualiza, desde luego, dos situaciones concretas. No
ha pensado en el allanamiento. Tendrían que entrar a discutir si debe o no
cubrirse el caso del allanamiento del hogar o del domicilio del magistrado.
Pero sí ha estimado que comprende el proceso judicial en contra de un
magistrado, el inicio de una acción judicial, antes de que adquiera la calidad
de procesado, y el sometimiento a la vigilancia de la autoridad, que tiene
mucha importancia y puede tener mucha gravedad, porque si se ejerce en
forma permanente, indiscriminada y vejatoria, en un instante puede
realmente afectar hasta a la independencia del Poder Judicial.
Esos son los aspectos que le llevaron a considerar conveniente
mantener la expresión “perseguido”, la que, por lo demás, se consagraba
en el caso de los parlamentarios.
El señor OVALLE señala que está de acuerdo, una vez más, con el
señor Guzmán.
Cree que la expresión “perseguido” carece de la precisión jurídica
que debe caracterizar a un precepto que emplea la Constitución, por una
parte, y haría innecesarias, en la interpretación que pretende atribuírsele —
porque serían redundantes—, las referencias a la privación de la libertad y
a la encargatoria de reo. Efectivamente, el Diccionario, entre muchas
acepciones de la palabra “perseguir”, señala la de “proceder judicialmente
contra uno”. Si para proceder judicialmente contra un magistrado se
necesita el desafuero, quiere decir que para querellarse, para que los
particulares planteen cualquiera acusación, tienen previamente que recabar
la autorización de la Corte respectiva y, en tal caso, sería innecesaria la
referencia a la privación de la libertad y a la encargatoria de reo.
No cree que pueda ser ése el sentido del desafuero. Evidentemente.
Porque la privación de la libertad y la encargatoria de reo vienen después
de iniciado el proceso.
Ahora bien, en los tiempos normales, si se quiere proteger la persona
del juez, debe protegérsela con respecto a las medidas que la puedan
afectar. ¿Y cuáles son? La citación a un tribunal, la privación de la libertad o
detención y la encargatoria de reo o procesamiento.
La citación a un tribunal, cree, debe mantenerse como una posibilidad
de cualquier juez que investiga, aunque en la legislación ordinaria
hay normas expresas sobre la forma cómo debe declarar un juez. Por
consiguiente, no se puede establecer una disposición que impida a un
magistrado sumariante convocar, de acuerdo con las modalidades que la
ley establezca, a un juez también en actividad, porque sería poner
cortapisas muy graves a la investigación, que en definitiva no afectan, en
cuanto a los actos investigatorios, a una persona sino en la medida en que