Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

esortes de otro orden, que deben proteger al ciudadano e impedir que
esas persecuciones ilegales se verifiquen.
Si de persecuciones legales se trata, se han invocado aquí tres casos
bien precisos. El primero es que pueda existir una querella, con la
correspondiente citación a declarar y aquellas diligencias previas a la
encargatoria de reo. El se pronuncia categóricamente por la idea de que
eso podía realizarse respecto de un parlamentario, a tenor del artículo 33. Y
estima que debiera poder realizarse, en todo caso, respecto de jueces y
parlamentarios. No ve obstáculo para que una persona sea llamada a
declarar, como testigo o como querellado, sin perjuicio de que declare por
oficio, de acuerdo con las normas que puedan beneficiaria en ese sentido
en la legislación procesal común.
Ahora, el segundo caso, que es el sometimiento a vigilancia de la
autoridad, ha quedado despejado, según la aclaración que formuló el señor
Ovalle en materias que no son de su especialidad: sólo tiene lugar como
medio para cumplir una pena. Ese antecedente no había sido esgrimido por
el señor Presidente de la Corte Suprema en momento alguno durante los
debates. Si es así, es evidente que resulta redundante ocuparse en él caso,
porque queda cubierto por el término “procesado”, básicamente.
La tercera posibilidad es la del allanamiento del hogar o domicilio del
juez. Considera que todos están de acuerdo en que en eso no debe haber
fuero alguno. Luego, ninguno de los casos de persecución legal que se han
invocado requiere fuero.
Finalmente, quisiera señalar que este problema no tiene absolutamente
nada que ver con la aplicación de las facultades que se confieren al
Presidente de la República en los estados de emergencia. Tal cual está
redactado el artículo 72, número 17, en la Constitución de 1925 —y el texto
del decreto-ley 527 no pudo ocuparse en este tema, porque el Parlamento
había sido disuelto— induce a confusiones. El señor Presidente tiene razón
en que, tal cual está redactado el artículo 72, número 17, al consagrar la
excepción para los parlamentarios —lógicamente, se vio en la necesidad de
hacerlo, y de hacerlo ahí—, se remitió a las garantías establecidas para los
parlamentarios. Pero es que, a su modo de ver, ésa es una forma
engorrosa e innecesariamente conflictiva de resolver el problema. Piensa
que, en el lugar donde se consagren las facultades del Presidente de la
República en un estado de emergencia, hay que agregar, lisa y llanamente,
que estas facultades no se podrán ejercer respecto de los magistrados que
se estime del caso exceptuar al efecto y de los parlamentarios, según
procede oportunamente, cuando se ocupen en el tema. Por lo tanto, si se
establece, en esa forma nítida, precisa, que las facultades de trasladar a las
personas de un departamento a otro y de arrestarlas en lugares que no
sean cárceles o lugares de detención de reos o presos comunes, no se
podrán ejercer respecto de tales y cuales personas, se obvia enteramente
el problema que, con razón, tiene preocupado al señor Presidente: se obvia
dando otra redacción a la excepción, no remitiéndola para nada a la
redacción del artículo que consagra el fuero, y dividiendo, por tanto, los