Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

van a negarles competencia a los tribunales para que, en un momento
dado, puedan dejar sin efecto disposiciones de rango inferior al legal,
como los decretos, sean reglamentarios o de efectos individuales, que en
un momento dado puedan oponerse o a la Constitución o a la ley.
Evidentemente, debe hacerse la distinción, difícil pero posible, que la
doctrina indica entre actos de gobierno y actos administrativos. Los
primeros, como es indudable, no pueden ser objeto de un control de
nulidad: pero los segundos, sí. Estos últimos son de ordinaria ocurrencia:
disposiciones de jefes de servicio, de autoridades regionales, que son, en
definitiva, los actos que en forma más directa e inmediata afectan a los
particulares. De ahí que no vea los peligros que en sesión pasada señaló
la señorita Ministro de Justicia respecto de que el establecimiento de lo
contencioso de nulidad prácticamente amarraría las manos a la
Administración o convertiría al órgano contralor en un administrador. El
órgano contralor —tribunales a su modo de ver— en ningún caso tiene
potestad resolutiva, no puede indicar qué es lo que debe o no debe hacer
la Administración; simplemente, constatará cuándo ha habido una
infracción y, consiguientemente, determinará la nulidad del acto
correspondiente.
Estima que entregar en manos del Contralor General de la República
el control de nulidad de los actos de la Administración es el punto
respecto del cual está en mayor desacuerdo.
Hay otros aspectos en la proposición del señor Contralor que
constituyen una innovación respecto de lo hoy existente, y que tal vez sea
necesario estudiar más detalladamente, como es el llamado “control de
eficiencia”, materia planteada recientemente en Chile y sobre la cual
estima que será muy útil escuchar las opiniones de los personeros que
invite la Comisión, quienes pueden ser, por ejemplo, abogados de alguna
municipalidad importante o de servicios públicos de reconocida jerarquía.
También le merece algunas dudas el tema de los decretos de
insistencia de la manera cómo lo plantea en el proyecto el señor Contralor.
Aquí se establece únicamente cuándo procede el decreto de insistencia;
debiera entenderse, a contrario sensu, que en todos los demás
casos no procedería el decreto de insistencia. Cabe la solución inversa:
precisar en la Constitución aquellos casos en que no procedería el decreto
de insistencia y entender que respecto de los demás no incluidos en la
normativa constitucional sería posible este instituto jurídico.
El señor LORCA considera que la preceptiva en análisis mejora
notablemente la anterior, porque prácticamente resume todo lo que debe
contener el texto constitucional en esta materia, vinculándolo en gran
medida con todas las normas legales que actualmente rigen a la
Contraloría. Esto es evidente.
A su juicio, en el proyecto hay algunas importantes materias que
deberían estudiarse mucho más a fondo. Considera que, respecto del
artículo 4°, deben precisar en forma bastante clara, después de escuchar