Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

puede entrar, sea por su volumen, sea por su actividad o sea, por último,
por aspectos relativos a la tradición. Al hablar de empresas públicas uno
la concibe como una empresa que debe manejarse igual que una empresa
privada, y hacia eso está tendiendo la política económica general del
Gobierno. Una empresa pública es una entidad que aúna factores como
tecnología, trabajo, capital, recursos naturales, para proveer a la
necesidad de algún bien, y su primera función, a menos que la ley
explícitamente determine otra, es administrar esos recursos en forma
eficiente para proveer el bien respectivo. Y dice “a menos que la ley”, o la
política económica, a través de algún instrumento, establezca otra
prioridad; empresas como ECA y como todas las dependientes de la
CORFO deben ser manejadas según el criterio que la empresa privada
tiene de la eficiencia, a menos que explícitamente, a través de esas
empresas, se quiera dar un bien subsidiado a la comunidad. En
consecuencia, las empresas públicas debieran tener un manejo tan fluido
como cualquier empresa privada, para tomar decisiones, para proveerse
de personal, para contratar con terceros con extrema agilidad, única
forma de contar con una Administración eficiente.
Preocupa un poco el hecho de que en el proyecto de decreto ley
presentado por el señor Contralor no se define claramente el ámbito de
control. Debe quedar muy en claro que no es el de las empresas públicas;
al menos a priori en ningún caso, porque se estaría negando un principio
que costo muy caro al país durante muchos años al concebir las empresas
públicas como servicio del Estado, en cuanto a que deben cumplir ciertas
metas físicas o ciertas tareas de ese tipo. Esa situación está cambiando,
porque la experiencia indica que su primera finalidad es ser eficientes en
el manejo de los recursos que se les entregan. Y para poder ser tan
eficientes como las empresas nacionales e incluso extranjeras, debe
aplicarse un control a posteriori, de presentación de balances, etcétera,
pero no enervar la acción de la administración en este aspecto.
Por otra parte, también hay entidades que, en una definición
amplia de Administración del Estado, podrían estar incluidas, o no, en el
ámbito de control. Se trata de entidades con finalidades muy específicas,
como el Banco Central de Chile, que no es una empresa pública, sino una
entidad extremadamente compleja en su administración y cuya finalidad
muy precisa es estabilizar la economía de alguna manera. Y esto supone
una libertad muy amplia para operar, por ejemplo, en el mercado de
capitales. El Banco Central debiera estar, y está, por encima de cualquiera
norma, incluso del propio Ministerio de Hacienda. El ordenamiento jurídico
del Banco Central establece hoy día un Consejo Monetario, que es estatal
—está compuesto por cuatro o cinco Ministros— y, debajo de él, un
Comité Ejecutivo con amplísimas atribuciones. Se llega al extremo de que
en muchos países —en los que han tenido éxito en la estabilidad
monetaria y financiera—, el Banco Central es absoluta y totalmente
independiente del Estado. Tal vez sea una meta a la cual se podría aspirar
en un tiempo prudente.
Sin embargo, en el proyecto presentado por el señor Contralor no