Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

La verdad es que son dos puntos que han preocupado en este
sentido a la Comisión. Por una parte, lo que podrían ser las normas muy
generales que rijan la estructura y la organización de la Administración
del Estado. Hasta hoy día en la Constitución de 1925 no existen
disposiciones al respecto; salvo las relativas al Gobierno y Administración
Interior, al Presidente de la República, y una que otra referente a los
Ministros de Estado, cuyas funciones ni siquiera se precisan, no hay
disposiciones que en realidad contengan los lineamientos muy generales
de lo que debe ser la Administración del Estado.
Por otro lado, preocupa también a la Comisión lo que se ha
denominado el “orden público económico”, vale decir, aquellas normas
también muy generales que estarían llamadas a determinar cuál debe ser
el papel del Estado en la economía, conceptos que están muy vinculados
al principio de la subsidiariedad, que figura en la Declaración de
Principios, y en otras disposiciones introducidas en las Actas Constitucionales.
Es decir, se trata de dos aspectos que están muy vinculados
entre sí y respecto de los cuales sería interesante que los señores Ministros
del sector económico pudieran hacer presente sus puntos de vista
más adelante, con la tranquilidad que un tema de esta naturaleza requiere,
para que puedan ser abordados en su oportunidad por esta Comisión.
El señor BARAONA (Ministro de Economía) manifiesta sobre el
orden público económico, que había conocido las inquietudes de esta
Comisión y, efectivamente, se está pensando en la materia. Es difícil
trasladarse del terreno de los principios a una norma obligatoria y tocar
los puntos esenciales para no ir a toda la estructura económica.
Sin embargo, hay algunos principios que se están elaborando desde
hace algún tiempo, algunos de los cuales mencionará, que tienen relación
con la primera pregunta, relativa a la Administración Pública.
En el transcurso del tiempo los Gobiernos han tenido sectores o
programas predilectos —mirando la historia de treinta años a esta parte—
que se superpusieron a sectores o programas predilectos de Gobiernos
anteriores, y así sucesivamente, pero sin abandonar la estructura que la
antigua administración tenía. Entonces, resultó esta Administración del
Estado terriblemente grande, con facultades otorgadas —probablemente
en períodos de urgencia, cuando esos programas estaban en ejecución—
a funcionarios públicos de segunda, tercera, o décima categorías en la
Administración. Y uno se sorprende a veces al encontrarse conque
cuestiones que tienen que ver con la economía y con el patrimonio de
individuos o empresas, están sujetas, en el fondo, a un informe muy
abajo en la Administración, de una persona que decide sí o no. Eso se ha
ido superando en la acción, pero no en la estructura. Para hablar de dos
sectores, a vía de ejemplo, parece una locura que la Dirección de Industria
y Comercio haya tenido facultad para fijar tres mil precios. Esa es
una cosa absoluta y totalmente imposible, y sólo pudo concebirse an-