Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

llevará la contabilidad general de la Nación y controlará la de todos los
servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, para
formular un Balance Nacional. Igualmente, vigilará el cumplimiento de las
disposiciones estatutarias aplicables a todos los agentes o funcionarios del
Estado; interpretará con fuerza obligatoria las normas administrativas que
rigen en los Servicios Públicos y a sus autoridades y personales, y
desempeñará las demás funciones que le encomienden las leyes”.
Hace notar el señor ORTUZAR que, como puede observarse, en este
inciso primero se amplía enormemente la función de la Contraloría en el
sentido de que se incorporan disposiciones que hoy día tienen rango
simplemente legal, dándoseles jerarquía constitucional, porque muchas de
ellas están contenidas, como se tendrá oportunidad de ver en la Ley Nº
10.336, orgánica de la Contraloría. Estima que es en este aspecto donde
cobra mucha importancia el avance de opinión que han hecho los señores
Bertelsen y Carmona, en cuanto se advierte, evidentemente, un detalle
exagerado.
Prosigue la lectura del artículo, que dice:
“Corresponderá, asimismo, a la Contraloría General pronunciarse
sobre la legalidad y constitucionalidad de los decretos supremos y
resoluciones de los Jefes de Servicios. El Presidente de la República, con la
firma de todos los Ministros de Estado, en los casos en que la Contraloría
General hubiere representado la ilegalidad de un decreto supremo o
resolución de un Jefe de Servicio, podrá insistir en su tramitación, con el
exclusivo fin de poner término a la diferente interpretación jurídica de las
normas legales aplicables. En consecuencia, no procederá la insistencia
tratándose de decretos promulgatorios de leyes o de reformas
constitucionales, ni de decretos o resoluciones que, en general, infrinjan
directamente la Constitución Política.
“La Contraloría General no dará curso a los decretos que excedan el
límite señalado en el Nº 10 del artículo 72 de la Constitución, los que
tampoco podrán ser insistidos.
“También quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría
General las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el
Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o
descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual
proporción, o en las mismas condiciones, representación o participación,
para los efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de esas empresas,
sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas
las responsabilidades de sus directivos o empleados y obtener la
información o antecedentes necesarios para formular el Balance Nacional”.
Anota el señor Ortúzar que aquí se han incorporado casi de lleno las
disposiciones del Decreto Ley Nº 38, que modificó a la Ley Nº 10.336.
Continúa leyendo el artículo, que establece: