Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

con la finalidad para la que fueron creadas.
Por otra parte, no cree conveniente ampliar las facultades de control,
como se propone en el estudio preparado por la Contraloría General de la
República, porque, además de invadir la órbita de acción del Poder
Ejecutivo, reitera, puede significar serios tropiezos en el funcionamiento de
los servicios públicos y permanentes conflictos entre aquél y el organismo
contralor.
Por último, como conclusión, en cuanto a las funciones de la
Contraloría General de la República, estima que puede incorporarse a la
Constitución el artículo 1° de la ley 10.336, que se refiere al objeto de dicho
organismo, sujeto naturalmente a una revisión y a una adecuación a lo que
serán la nueva Carta Fundamental y la actual Administración del Estado.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que han sido
extraordinariamente valiosas las opiniones expresadas en esta sesión, tanto
de parte de los señores Ministro de Hacienda y Fiscal del Banco Central
como del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado. Esas observaciones,
señala, son plenamente coincidentes con las que ya habían
formulado los miembros de la Comisión, de lo que se alegra profundamente,
porque eso supone con mayor fuerza el deber de representar este proyecto
en cuanto excede en algunos aspectos de lo que debe ser una norma
constitucional.
Enseguida, hace presente que se ha considerado desde un principio
en la Comisión que la normativa propuesta por la Contraloría no tiene, en
realidad, el rango constitucional que debería en muchos de sus puntos, los
cuales serían materia de ley y, en algunas de sus disposiciones, hasta de
reglamento.
Finalmente, agrega, cada vez se convence más de que la disposición
constitucional tendrá que ser extraordinariamente escueta y que deberán
dejar entregada prácticamente esta materia a la ley, a fin de que el
legislador, con la flexibilidad de que dispone y que no tiene, en cambio, el
constituyente, pueda determinar el ámbito de la acción fiscalizadora de la
Contraloría General de la República, como asimismo su extensión, porque es
posible que en algunos casos ella tenga el control jurisdiccional, contable y
administrativo, pero no en otros. Como el constituyente virtualmente no
podrá precisar en qué casos lo tiene y en cuáles no, piensa que en esta
materia, que es extraordinariamente interesante, deberán adoptar el
criterio, en definitiva, de hacer el mayor esfuerzo posible y de que la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República precise mejor cuáles
deben ser sus funciones.
El señor LORCA manifiesta estar en absoluta discrepancia con el
señor Presidente en este punto.
A su juicio, deben precisarse totalmente en el texto constitucional la
jurisdicción y la competencia del organismo contralor, porque dejar a la ley
la posibilidad de ampliar sus funciones sería entregarle cualquier aspecto