Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

del Poder Judicial, el control de la constitucionalidad de la ley a través del
recurso de inaplicabilidad o quizá de algún organismo especial, como el
Tribunal Constitucional, deben también facultar al contralor de
constitucionalidad para ejercer sus atribuciones con amplitud, es decir, para
impedir lo que podrían llamar las desviaciones de poder del legislador. Así
como en la jurisprudencia contencioso-administrativa de otros países existe
el llamado recurso por desviación o abuso de poder, podría facultarse al
organismo que controle la constitucionalidad de las leyes para que, en un
momento dado, declarare inaplicable o anulare una ley por haberse
desviado de su finalidad constitucional. Porque, efectivamente, si
establecen controles rígidos, muy precisos, que no permitan ninguna
discrecionalidad en el control, no tendrán ninguna garantía para impedir la
aparición, nuevamente, de resquicios legales.
Por otra parte, considera que la fórmula que el señor Díez dijera hace
un momento, aunque indirecta, es tal vez mejor que la que el había
propuesto y el señor Presidente había aceptado. Efectivamente, no
hablando directamente de “tribunales populares” —porque, entre otras
cosas, el concepto no está precisado por la ciencia jurídica—., pero si
empleando expresiones indirectas, como las de decir que “la justicia debe
ser profesional y jerárquica” o que “quienes desempeñen atribuciones
jurisdiccionales deben tener carácter profesional y deben estar sujetos a
jerarquía” podrían impedir lo que les interesa evitar, que es la constitución
de tribunales ad hoc para juzgar a veces un caso concreto. Es decir, en esa
forma estarían impidiendo, en realidad, la formación de jurados.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que, en principio, encuentra
muy buena la indicación, pero no sabe si hay que completarla. La verdad es
que resulta difícil analizarla sin tener a la vista una redacción perfectamente
clara, porque existe el peligro de que pueda extenderse más allá de lo que
realmente se desea y alcanzar, precisamente, a aquellos que ejercen
funciones judiciales sin ser los “jueces” propiamente tales. El precepto,
como lo había propuesto primitivamente el señor Bertelsen, tienen la
ventaja de que es muy específico. Dice “los, jueces”. Ya saben quiénes son
los “jueces” y el señor Presidente de la Corte Suprema expresa que no
merece duda alguna que este concepto no se puede extender a quienes
ejerzan funciones judiciales en carácter de tribunales especiales. Diría la
disposición: “Los jueces deben ser abogados". Estima que no está de más
decirlo, sin perjuicio de que, si el señor Díez puede traer más adelante otra
redacción, que interprete mejor este sentir de la Comisión, sustituyan este
precepto por otro. Pero le parece que ya es un avance decir que “los jueces
deben ser abogados”, porque, evidentemente, significará que han querido
señalar el principio de que la justicia debe ser letrada. De lo contrario,
habría que dejar esta disposición en suspenso hasta que hubiera una
redacción bien clara y precisa sobre lo que se entiende por “carácter
profesional y técnico”.
La señora BULNES señala que mantiene su duda en cuanto a
especificar desde ahora que “los jueces deben ser abogados”, por la razón
que ha dado anteriormente: porque cree que, en un momento dado, se