Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

completo del sistema que ha regido hasta ahora, porque desprende de ella
que no se requeriría que exista juicio pendiente; en seguida, que podría ser
planteada por cualquier ciudadano, tanto respecto de la
inconstitucionalidad de forma como de fondo, y, finalmente, por los efectos
generales que acarrearía solamente un fallo de la Corte Suprema,
declarando la inconstitucionalidad de un precepto legal. En cambio, le
parece que el proyecto que les ha propuesto la Subcomisión es
extraordinariamente prudente, y representa lo mínimo que puede exigirse
en cuanto al avance y perfección del recurso. Añade que tiene sus reservas
al respecto, en cuanto a si no habría que ir más lejos, y, por lo tanto, deja
para un ulterior análisis el problema de si no cabe entregar también a la
Corte Suprema, con iguales características que su derecho a pronunciarse
sobre la inconstitucionalidad de fondo, el hacerlo también sobre la
inconstitucionalidad de forma. Deja, también, para un examen posterior,
especialmente, una pregunta directa al señor Presidente de la Comisión en
cuanto a saber qué motivos tuvo este proyecto de reforma constitucional,
en el cual él participó, para querer llegar bastante más lejos, respecto al
recurso que les ocupa, que lo que actualmente propone la Subcomisión, y
en qué medida se inclinaría por mantener hoy más bien el criterio de la
Subcomisión, o por tratar de avanzar hacia fórmulas distintas o nuevas,
como las que proponía el proyecto del señor Alessandri, y por qué razones
él apoyaría una postura o la otra. Reitera que la proposición de la
Subcomisión la considera como el mínimo razonable que esta Comisión
tiene el deber de avanzar, y no comparte en absoluto los temores del señor
Díez respecto de los términos en que el proyecto viene redactado y
propuesto por la Subcomisión, los que entendería, en cambio, referidos a
una fórmula como la contenida en el proyecto del señor Alessandri, que
acaba de leer, porque realmente significaría un cambio tan substancial en
el sistema, que exigirla un debate ponderado y acabado referente a la forma
en que ello pudiera afectar el equilibrio de los Poderes del Estado; pero
insiste en que no abriga temor alguno sobre la forma como viene
redactado el precepto. Estima, en primer lugar, que hay ya bastantes
experiencias en cuanto a que la circunstancia de que los tribunales superiores
de justicia entren en materias que tocan muy de cerca la política
contingente, lo que no ha acarreado perjuicios para los tribunales de
justicia, y, al contrario, sí ha traído beneficios en cuanto a la manera en
que tales problemas se resuelven. Por vía de ejemplo cita el desafuero
parlamentario, que fue entregado a los tribunales superiores de justicia, y
posteriormente obtuvo consagración constitucional en la Carta de 1925, y
que, a su juicio, ha dado bastante mayores resultados que cuando estuvo
entregado a órganos políticos, de modo que no piensa que sea
inconveniente ni para los tribunales ni para la acertada solución de los
problemas. Entiende que es cierto que el tema que les ocupa es mucho
más trascendente que el desafuero parlamentario en lo que se refiere al
equilibrio de los Poderes en cuanto a su producto fundamental, a la validez
que tenga, en definitiva, una ley de la República, pero cree indispensable
establecer un cambio para garantizar el principio de la supremacía
constitucional, como muy bien ha dicho el señor Presidente, y alguien
tendrá que garantizarla y, ciertamente, no puede ser el mismo autor de la
ley; debe haber otro organismo que opere como balanza o como equilibrio