Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

dicho precepto—, sería necesario elevarlo a rango constitucional,
precisamente por las objeciones de inconstitucionalidad que, con bastante
fundamento, se han formulado al artículo 324 del Código Orgánico de
Tribunales.
En realidad, el debate se ha centrado en la conveniencia o
inconveniencia de hacer dicha excepción respecto de la Corte Suprema. Por
lo demás, la exención no es completa, pues los deja responsables de los
delitos de cohecho, y de aquellas formas de prevaricación que no estén
cubiertas por la falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, la
denegación o la torcida administración de justicia. Vale decir, no exime a
los Ministros de ese alto tribunal de toda responsabilidad, sino sólo de
algunas. El caso del cohecho es claro. Se trata de un delito que puede ser
perseguido, y dar origen a un proceso que sigue las reglas generales del
Código Orgánico de Tribunales.
Pero, agrega, ¿dónde reside el fundamento del artículo 324 del
Código Orgánico de Tribunales, que consideran necesario elevarlo a. rango
constitucional? En que las exenciones van dirigidas, en general, a la Corte,
actuando ésta como cuerpo, y no a aquellas que los Ministros puedan
realizar en calidad personal. Habitualmente, el delito de cohecho se
practica, en lo que atañe a los Ministros, en cuanto a personas. En cambió,
la falta de observación de las leyes que reglan el procedimiento, la
denegación o torcida administración de justicia, apuntan al ejercicio de la
función jurisdiccional por parte de la Corte Suprema como cuerpo, ya sea
actuando en pleno o en sala, según corresponda.
Por lo tanto, suponer desde esa perspectiva que la Corte Suprema
pueda ser responsable por esa falta, implicaría la necesidad de contar con
un órgano ante el cual dicha responsabilidad pudiera ser perseguida, y la
verdad es que una entidad semejante no podría existir, pues tendría que
enjuiciar la conducta de la Corte Suprema como organismo, y por el hecho
de que debería emitir un pronunciamiento de orden jurisdiccional, habría
que concebir un tribunal que estuviera por encima de la Corte Suprema y
pudiera entrar a calificarla.
En síntesis, las exenciones derivan de una imposibilidad práctica de
hacer efectiva esa responsabilidad, y de la necesidad de que la exención
esté consagrada en la Constitución, precisamente para evitar los
inconvenientes o las alegaciones de inconstitucionalidad, que, con bastante
fundamento se han formulado al actual precepto del Código Orgánico de
Tribunales.
El señor ORTUZAR (Presidente) confirmando lo señalado por el señor
Guzmán, recuerda que el Código Penal, al tratar del delito de prevaricación,
establece los casos en los cuales tienen responsabilidad los miembros de los
tribunales de justicia, colegiados o unipersonales. Ellos son tres, y. sólo en
uno de esos casos no tendrían responsabilidad los miembros de la Corte
Suprema. El precepto dice: “Cuando a sabiendas fallaren contra ley expresa
y vigente en causa criminal o civil”. En este caso, de acuerdo con la