Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

como tenía que ser. Cuando se produjo la desviación de poder, se hizo
uso de los decretos de requisición para tomar posesión material de las
empresas y realizar en ellas verdaderamente actos de dueño. Todo el
proceso de confiscación llevado a cabo durante la Unidad Popular se hizo
a través de este sistema. La Contraloría tomaba razón del decreto y lo
hacía porque, en términos generales, concurrían las condiciones para que
ella tomara razón del decreto; pero, en el fondo, el Gobierno desviaba su
poder y asumía la administración de las empresas, que ya no dejaba más.
Así fue como se llegó al 11 de septiembre de 1973 prácticamente con más
de seiscientas empresas requisadas en todas formas.
El señor HUMERES (Contralor General de la República) observa que
en los casos que señala el señor Lorca, en realidad, muchas veces el
interventor fue más allá del papel que le correspondía. Pero le asegura
que, cada vez que tuvo conocimiento de esta situación, la Contraloría
siguió los sumarios administrativos pertinentes a los jefes de servicio de
quienes dependían los interventores. Además, no se debe olvidar que el
interventor estaba obligado a la rendición de cuentas, en lo cual la
Contraloría siempre fue muy exigente para pedírsela oportunamente;
siempre lo hizo. Ahora, que las requisiciones se prolongaran en el tiempo,
porque no tenían limitación, de acuerdo con la facultad legal,
efectivamente fue así.
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) dice que tan sólo uno
o dos interventores se salvaron de los sumarios de la Contraloría, En
aquella época, el Departamento de Inspección tuvo un tremendo recargo
de trabajo, porque, de seiscientas empresas, había quinientas noventa y
nueve sumariadas.
El señor LORCA destaca que en la práctica, si al final la autoridad
administrativa no sancionaba, eso era absolutamente ineficaz.
El señor HUMERES (Contralor General de la República) subraya que
el problema se deriva justamente de la falta de imperio de la Contraloría,
El señor ORTUZAR (Presidente) pregunta si, en el caso de estas
requisiciones —que eran esencialmente transitorias—, transcurrido ya
cierto tiempo más que prudencial y en posesión de antecedentes suficientes
de que estaba eliminada la causa que las había motivado, ¿habría
tenido facultades la Contraloría para, de alguna manera, haberles puesto
término?
El señor HUMERES (Contralor General de la República) responde
que no las tenía, precisamente porque la facultad emana de la autoridad.
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) hace presente que
ése es el problema del mérito de que hablaba el señor Bertelsen. La
Contraloría tiene una fiscalización de mérito en cuanto al resultado —
cumplimiento de plan, de programa—, pero no en el mérito de la decisión
administrativa. Recuerda que precisamente, en clases en la Contraloría,