Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

no la eventualidad del allanamiento del hogar del parlamentario, ha visto
que la opinión más generalizada al respecto era negativa, es decir, que el
fuero no abarcaba esa hipótesis y que no se violentaba el artículo 33 por la
circunstancia de allanar conforme a la ley el hogar de un parlamentario, en
las mismas condiciones que el de cualquier otro ciudadano.
De manera que, si se desea colocar la expresión “perseguido”, deberían
dejar constancia en acta en forma muy precisa, al menos, de qué
entienden por esta expresión. Piensa que, si sólo quieren restringirla
realmente —y así lo estimara la Comisión— al caso de que no sea sometido
a la vigilancia de la autoridad, más valdría decirlo derechamente en esa
forma. Si quieren, en cambio, dejar abierto el término a que la
jurisprudencia lo precise e impida que, por una interpretación restrictiva del
precepto, una autoridad de mala fe quiera molestar a los jueces y entrabar
el ejercicio independiente de su función, cree que en tal caso podría ser
plausible dejar la expresión “perseguido” sin mayores precisiones, pero
sujeta a lo que la jurisprudencia vaya diciendo.
En todo caso, le resulta difícil aceptar la congruencia entre este
término y la idea que encierra, a juicio del señor Presidente de la Comisión
y de la mayoría que se formó en la sesión pasada para mantener esa
palabra, y el efecto de la resolución de desafuero, porque este último tiene
que consistir en que desde el momento en que se pronuncia pueden
realizarse aquellas cosas que no podían efectuarse antes del desafuero.
Entonces, entiende que después del desafuero puede procesarse
efectivamente al juez o privarlo de libertad con arreglo a la ley, pero no que
puede perseguírsele al margen de esta última.
Por lo tanto, es necesario precisar los términos que suscitan esta
ambigüedad, para saber qué se quiere cubrir realmente con esta expresión
y, en caso de que lo que se quiera cubrir sea una posibilidad genérica de
acción malintencionada de la autoridad respecto de los jueces por
intermedio de árbitros ilegales a fin de entrabar su independencia, deben
aclarar dos problemas, por lo menos, que no entran en esa clasificación. Se
trata de que, en cuanto a las medidas que la autoridad puede decretar
legalmente —que son las de someter a su vigilancia a una persona y de
allanar su domicilio—, precisen si constituyen persecución o no y si quedan
cubiertas o no por el fuero en caso de dejarse la expresión “perseguido”.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que antes de que el señor
Ovalle intervenga en el debate, quiere señalar que, en su concepto, la
palabra “perseguido” comprende dos cosas bien concretas. En primer lugar,
se refiere a proceder judicialmente en contra de una persona antes de que
esté sometida a proceso, antes de que haya sido encargada reo —hay una
etapa del juicio criminal en que un individuo puede ser perseguido
judicialmente sin que todavía sea un procesado propiamente tal— y, en
segundo lugar, incluiría el caso del magistrado sometido a la vigilancia de la
autoridad, que es una medida autorizada por la ley y que la Corte Suprema
o la Corte de Apelaciones, según el caso, perfectamente podrían permitir el
día de mañana si dan lugar al desafuero, lo mismo que también podrían dar