Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

esta distinción entre el acto administrativo propiamente tal y el acto
administrativo que implica el ejercicio de una jurisdicción.
Ahora, si se crean los tribunales contencioso-administrativos, todos
los actos de la Administración —pueden ser el día de mañana de
autoridades políticas propiamente tales— que pudieran ser arbitrarios o
abusivos serán conocidos por dichos tribunales.
Si se trata de actos administrativos jurisdiccionales y se entrega el
conocimiento de ellos, a través de la apelación, a la Corte de Apelaciones
respectiva, también existirá la posibilidad de que sean revisados.
Las expresiones empleadas por el artículo 86 en cuanto sujetan a la
superintendencia de la Corte Suprema a todos los tribunales de la nación,
estarían correctas. Desde luego, estarían los tribunales contenciosoadministrativos
propiamente tales, porque van a depender de la Corte
Suprema. Incluso, el conocimiento de lo contencioso-administrativo estará
entregado, tanto en primera como en segunda instancia, a los tribunales
ordinarios de justicia. Y, en cuanto a los actos administrativos de carácter
jurisdiccional, en definitiva también podrían llegar hasta la Corte Suprema,
a través del recurso de apelación que se consideraría para interponer ante
la Corte de Apelaciones respectiva.
El señor BERTELSEN, para completar este sistema, insiste en la
necesidad de dar rango constitucional a lo que ha señalado el señor Martín.
Es necesaria una disposición constitucional que establezca el principio de la
inexcusabilidad. De esa forma, sea como inciso nuevo del artículo 80, sea
como disposición constitucional aparte, estima que se completa el cuadro
que da, a todo particular afectado por algún acto de otra persona o bien de
alguna autoridad, la certeza de obtener satisfacción a su reclamo ante los
tribunales de justicia.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que la Comisión, al tratar
de las garantías constitucionales, había pensado, en un principio, en
establecer como garantía constitucional el derecho de toda persona para
ocurrir a los tribunales de justicia, a fin de que ningún derecho consagrado
en la Constitución o en las leyes que apareciere conculcado pudiera quedar
sin protección judicial. Posteriormente no se consideró esta norma como
garantía constitucional, porque se pensó llevarla al texto del artículo 80.
Ahora, este principio de la inexcusabilidad es mucho más importante,
mientras no se creen los tribunales administrativos, naturalmente.
El señor GUZMAN pide un esclarecimiento respecto de una dimensión
especial del artículo que se está discutiendo.
Ha quedado claro que es perfectamente factible conceder recursos
en contra de las resoluciones que dictan las autoridades administrativas y
que involucran el ejercicio de jurisdicción. Pero eso no significa hacer
extensiva a esos entes administrativos la aplicación de la superintendencia
directiva, correccional y económica de parte de la Corte Suprema, en los
términos en que la consagra el artículo en discusión. Es igualmente claro