Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

control proporcionador de información, debiendo perfeccionarse aquellos
aspectos de contabilidad aún no implementados, la cual es válida para
todos los organismos del Sector Público y por lo tanto es mayor su
amplitud que en el caso de los dos controles anteriores.
8. — El proyecto contiene, además de las disposiciones sobre las
cuales recientemente expongo el criterio de este Servicio, algunas otras a
las que deseo referirme de un modo general.
El artículo 5°, dispone que el control jurídico será preventivo y a
posteriori. El primer aspecto del control jurídico lo ha venido ejerciendo la
Contraloría desde su fundación y antes que ella los servicios que la
precedieron.
El control “a posteriori”, expresa el inciso 3° del proyecto de norma,
se extenderá al control que se tipifique en el sistema contencioso de
anulación, sistema que define enseguida y que parece llevar a la instalación
de los Tribunales Administrativos.
El proyecto, según parece, pretende que el sistema de Tribunales
Administrativos quede inserto en el seno de la Contraloría, sin expresarlo
llanamente y omitiendo las ideas que deben de servir al legislador para
establecer sobre ellas el sistema completo.
La Constitución de 1925, programó los Tribunales Administrativos en
su artículo 87, y los concibió como entes independientes de la
Administración del Estado, dotando a sus miembros de la inamovilidad
necesaria para garantizar la imparcialidad de su criterio siguiendo así el
principio que informa el establecimiento y funciones de los Tribunales
Ordinarios de Justicia. El propósito de estos Tribunales Administrativos,
como quedó constancia en la historia de la disposición, ha sido conocer de
las demandas que los particulares interpongan en contra de los actos de la
Administración que les causen perjuicio.
No se ven en el texto analizando las bases programáticas de tales
Tribunales ni su independencia o la de sus miembros lo cual es una tradición
en Chile cuando se instituyen Tribunales de esta jerarquía.
9. — En el mismo proyecto de artículo, inciso 2°, se quiere consagrar
constitucionalmente el mecanismo de la insistencia.
En el proyecto se limita solamente la posibilidad de insistir cuando el
rechazo es por ilegalidad. Actualmente, conforme a la Ley Orgánica de
Contraloría, procede también en los casos que un decreto o resolución sean
representados por estar en discrepancia con la Constitución.
Es opinión del suscrito que el mecanismo de la insistencia se justifica
por cuanto representa la posibilidad del Administrador del Estado para hacer
primar su criterio cuando encuentra oposición en el órgano contralor, una
circunstancia que se aviene con la lógica del sistema presidencial. No