Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Reitera que la Contraloría es un ente que contribuye a la mantención
del Estado de Derecho, en consecuencia su función esencial va a ser velar
para que la administración del Estado cumpla con el ordenamiento jurídico
vigente. Contribuyendo a eso, obviamente no puede tener funciones para
juzgar la eficiencia de la Administración. Ella debe tener la función para dar
la información adecuada al organismo político, al gobernante o al Poder
Legislativo para saber si en un momento determinado la administración está
o no cumpliendo, pero la Contraloría no puede tener facultades para enervar
la acción del Ejecutivo, o sea, considera que siempre en un Estado de
Derecho debe haber un ordenamiento de las entidades que gobiernan: una
parte gobierna dictando las leyes y la otra administrando; pero cuando hay
una pugna entre el administrador y el fiscalizador, a su juicio, la Constitución
debe establecer quién predomina sin perjuicio de las responsabilidades
políticas o civiles —si fuera el caso—, en que va a incurrir el administrador
por un acto que en definitiva se estime que es inconstitucional o ilegal.
Concretando esta opinión, expresa que debe preverse el mecanismo del
decreto de insistencia y, apareado con eso, el procedimiento para juzgar si
quien ha dictado un decreto de insistencia efectivamente ha incurrido en un
acto inconstitucional o ilegal y, si hay daño, podrán juzgar ya sea los
tribunales o quienes son los detentores en definitiva de la soberanía política,
es decir, quienes han dado origen al gobernante que en un momento
determinado podrá ser el Poder Legislativo o, en definitiva, los gobernados,
que van a juzgar y van a elegir o a reelegir, o sancionar de alguna manera
política al gobernante que ha incurrido en una ilegalidad o en una
inconstitucionalidad.
Piensa que otra cosa muy importante es la definición de la facultad de
quien puede interpretar la ley. En la actualidad, en muchos campos de la
administración la Contraloría ha ido extendiendo en realidad sus facultades
y, precisamente, ha ido tomando aquellas que emanan de la interpretación
de la ley, y aquí, en el campo administrativo, pasa lo que señalaba el señor
Ministro de Hacienda. Hay algunas leyes en que el ámbito de la Contraloría
está destruido, como son las leyes tributarias del órgano administrador del
Estado; Impuestos Internos tiene facultad para interpretar la ley tributaria,
por cierto, sin perjuicio de las instancias posteriores para recurrir a los
tribunales de justicia, una vez agotada la instancia dentro de Impuestos
Internos.
A su juicio, la interpretación de la ley, en una primera fase, debiera
estar radicada en quien administra y, luego, para dar la posibilidad al
gobernado de impedir que el administrador abuse o interprete
erróneamente la ley, en los tribunales de justicia, los que pueden ser o los
tribunales administrativos, por su carácter de especialización en
determinadas materias —si es que se decide en definitiva crearlos—, o los
tribunales de justicia. Cree que no es conveniente que otro órgano del
Estado, distinto de los tribunales, tenga facultad para interpretar la ley.
Precisado así el problema, obviamente la labor de la Contraloría se
circunscribe a la fiscalización, pero con dos exclusiones muy importantes: la
naturaleza de tribunal que tiene en determinados momentos, y la
naturaleza de coadministrador que puede revestir, si su poder de veto sobre