Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

publicaciones— tiene el temor, corroborado por la experiencia, de que, por
cierta timidez los tribunales superiores de justicia no han aplicado muchas
veces preceptos constitucionales que estarían en condiciones de serlo,
porque no hay una ley nueva, como ocurrió con la libertad provisional del
detenido o sujeto a prisión preventiva, que venga a regular esta materia.
Entonces, de lo que se trata, simplemente, es de colocar alguna regla, pero
con un texto más acertado, en el sentido de que las disposiciones
constitucionales podrán ser aplicadas por los tribunales aún en el caso de
que no se hayan dictado las leyes complementarias, Habría, pues, que
buscar el texto más adecuado; pero ésa sería la idea, a fin de no dejar
entregada a una interpretación quizás excesivamente restrictiva de los
tribunales de justicia las disposiciones constitucionales en las cuales creen
ver con mucha frecuencia meras normas programáticas y no preceptivas.
El señor GUZMAN manifiesta su total acuerdo con lo que acaba de
expresar el profesor señor Schiessler, a la luz especialmente del ejemplo
traído a colación en cuanto a la libertad provisional. Es bien sabido de todos
los que concurrieron a discutir ese artículo y a darle su texto actualmente
vigente en el Acta Constitucional Nº 3, el sentido clarísimo que tenía no
sólo en cuanto a derogar todos los delitos inexcarcelables que las leyes
hubieran podido consagrar en razón de la sola naturaleza del delito, sino,
además, en cuanto a entender que éste era un derecho que procedía
siempre y que sólo podía denegarse por alguna de las tres precisas y
excepcionales causales mencionadas por la propia Acta Constitucional. En la
medida en que se contenga un artículo que faculte a los tribunales de
justicia para aplicar un precepto constitucional, no obstante no existir la ley
complementaria respectiva, el legislador se va a sentir urgido a dictar las
leyes destinadas a señalar a los tribunales de justicia el cauce o marco en
el cual desea que se muevan. A su juicio, la falta de un precepto como éste
y la interpretación tímida que a veces los tribunales dan a las normas constitucionales
es lo que ha generado el problema actual. Por eso, cree que
precisamente el hecho de consagrar una norma como ésta será un
incentivo de gran fuerza para el legislador en cuanto a no dejar sin cumplir
su obligación de complementar las normas constitucionales, porque sabrá
que, en la medida en que deje esa misión incumplida, en la práctica, los
tribunales de justicia van a llenar el vacío con su criterio.
El señor ORTUZAR (Presidente) confiesa que no le parece tan claro el
asunto. En el caso de la libertad provisional, la Comisión estimó que la
norma constitucional se bastaba a sí misma y que debía proceder siempre,
salvo cuando el juez estimaba la detención como necesaria para la
investigación del sumario, la seguridad del ofendido o la seguridad de la
sociedad; y al aludir a la ley y decir que ella determinará los requisitos y
modalidades para concederlo, la Comisión se estaba refiriendo a las
modalidades de tipo procesal, a la determinación de la fianza, a la
naturaleza de la misma, su monto, etcétera. En todo caso, la verdad es que
siempre se pensó que quedaba derogada la inexcarcelabilidad de ciertos
delitos y que la disposición regía “in actum”. Pero de ahí a establecer que
toda norma constitucional, aún en los casos en que el constituyente ha
dejado entregada su aplicación a la determinación de la ley, deba aplicarse
incluso en contra de la voluntad del constituyente por no haberse dictado la