Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

contemplados en el Presupuesto General de la Nación.
“El ítem en que se consignen los fondos para el Poder Judicial será
excedible hasta enterar no menos del 1% de la suma a que efectivamente
asciende durante el curso del año el presupuesto de la nación como
consecuencia de la aprobación por ley de nuevos gastos corrientes o de
capital.
“Promulgada la Ley de Presupuesto General de la Nación, el Tesorero
General de la República abrirá una cuenta a nombre del Poder Judicial
contra la cual la Corte Suprema podrá girar, mensualmente, la duodécima
parte de los fondos consignados en su ítem.
“Los bienes y entradas destinados al funcionamiento del Poder
Judicial serán administrados por la Corte Suprema con plena autonomía. No
obstante lo anterior, podrá recabar de la Contraloría General de la
República su asesoría para fiscalizar el ingreso y la inversión de las partidas
que estime conveniente o el examen de las cuentas que se le deban
rendir”.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) pide que las
alusiones que haga al Ministerio de Hacienda y al Gobierno en general, no
se estimen dirigidas ni al señor Ministro que actualmente ocupa esa Cartera
ni a la señorita Ministro de Justicia. Aclara que sus observaciones serán de
carácter general y no personalizará en lo absoluto. Por lo tanto, ruega que
sus palabras sean interpretadas en esta forma.
La Corte Suprema ha estudiado mucho todo lo relacionado con el
poder económico del Poder Judicial. Todos saben que él es un poder del
Estado y que, en consecuencia, debe tener un tratamiento económico
compatible con esa condición. No se ve razón alguna para que el Poder
Ejecutivo tenga la iniciativa de sus propios gastos y no la tenga el Poder
Judicial. Tampoco la hay, evidentemente, para que en un régimen normal
—desde luego que la Constitución se dicta para ese caso— tenga igual
facultad el Poder Legislativo, como consta a los señores miembros de la
Comisión que fueron parlamentarios, como igualmente al señor Presidente,
quien durante algunos años trabajó brillantemente en el Senado. El
Parlamento fijaba anualmente la cuota respectiva de sus propios gastos, sin
ninguna intervención del Poder Ejecutivo.
Al Tribunal no le interesa obtener la autonomía económica en
relación con el problema de los sueldos, porque éstos, necesariamente,
deben sujetarse a una pauta determinada. No es cuestión de dejar en
libertad al Poder Judicial para fijarse los sueldos que se le antojan.
Respecto de tal materia, podría establecerse lo que rige actualmente, en el
sentido de que los miembros de la Corte Suprema tienen la misma
remuneración que el Presidente de la República, lo cual está determinado
por ley, conforme a una disposición que viene rigiendo desde hace diez
años, por lo menos. En tal sentido, la Corte no pretende alterar lo que
actualmente está establecido; no pretende, por medio de la autonomía, que
los sueldos queden ilimitados y que la Corte sea dueña de fijarlos como