Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

de definir muy claramente la jurisdicción de la Contraloría en cuanto a la
extensión de la facultad de fiscalización.
También se expresó acá que era necesario considerar el aspecto de
las empresas públicas como entidades diferenciadas del sector centralizado
de la Administración, porque, obviamente, tales empresas no
pueden tener un sistema organizativo, una estructura y, por cierto, un
sistema de control exactamente igual al que se pretende dar a la Administración
Fiscal, pues sería totalmente contrario a lo que se quiere
realizar hoy día. Inclusive, con motivo de la asistencia a esta Comisión de
los Ministros señores Kelly y Canessa, se expresó aquí que precisamente
estas empresas iban a adoptar una organización totalmente diversa; que
en el caso de las empresas de la CORFO era posible que se estableciera
un “holding” (conjunto) de empresas manejado por medio de un Consejo
Superior que, evidentemente, no podría tener las mismas características
que el Servicio de Correos y Telégrafos, o cualquiera otro servicio fiscal.
Enseguida, está el aspecto que dice relación con la intensidad de la
fiscalización, que también ha sido abordado con extraordinario interés por
los señores Ministros.
Se ha propuesto en la Comisión la posibilidad de establecer las
bases constitucionales de la Administración Pública, es decir, consignar
todas aquellas condiciones que deben regir no sólo a las empresas del
sector público, sino a toda la Administración, porque es evidente que si el
Gobierno tiene la idea de llevar a cabo una gestión de tipo económico
como la que está realizando, pareciera ser que la actual situación
administrativa entraba un poco la expedición de la actividad privada al no
tener un sistema de organización administrativo realmente ágil. Con esto
quiere ser muy claro; no va a criticar. Lejos de eso, cree que la
Administración Pública chilena tiene una serie de condiciones que pueden
ser destacadas dentro del ámbito de las Administraciones en América: es
muy seria, muy correcta, salvo en un período en que falló mucho, pero,
evidentemente, esta Administración Pública fue creada y constituida por
medio de un sistema eminentemente estatista y, por lo tanto, todas las
condiciones negativas que se introdujeron en la Administración no pueden
permanecer, porque seguirían entrabando la posibilidad de una acción
mucho más liberalizadora de la economía y, por consiguiente, deberían
ser rectificadas.
Finalmente, pregunta si los señores Ministros consideran que
deberían establecerse en la Constitución o en un Acta Constitucional las
bases de una nueva Administración Pública, renovada, con un criterio ágil,
distinto, que pudiera condecir con el sistema económico que en este
momento está llevando a cabo el Gobierno, y si en realidad el sistema
administrativo actual entraba o no entraba en forma seria el
desenvolvimiento del proceso económico de Chile.
El señor ORTUZAR (Presidente), antes de ofrecer la palabra al
Ministro señor Baraona para que pueda responder la interesante cuestión
que ha formulado don Gustavo Lorca, la complete en cierto aspecto.