Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

hizo presente, a la Comisión esta norma le mereció igual opinión y era más
bien contraria a ella.
El señor CARMONA expresa que, efectivamente, leyendo a primera
vista la disposición, se declaró adversario de ella, y dio algunas razones que
procurará resumir en esta ocasión.
A su juicio, colocar una norma de esta naturaleza en la Constitución
no le parece adecuado, primero, porque la apreciación del límite de edad
para prestar un servicio en forma competente no puede consignarse en una
norma de rango superior al legal que, al mismo tiempo, debe tener
permanencia más o menos prolongada.
Cree que el avance de la ciencia y todo lo que el mundo ha progresado
en esta materia indican el inconveniente de colocar estos límites de
edad.
Por otra parte, le parece que en labores de tipo judicial la experiencia,
de modo especial, es un don inapreciable, y la experiencia la dan
precisamente el ejercicio de estas funciones y la edad; la apreciación que el
hombre hace de las cosas a cierta altura de la vida le permite juzgar con
mayor equidad, con más ecuanimidad, y el ejercicio correcto de la justicia
le proporciona una experiencia prolongada.
Considera que esos bienes, indudablemente, después de que se
conquistan, no pueden cortarse, porque constituyen ya casi como bienes
propios del poder que está ejerciendo esta facultad y, al mismo tiempo, del
Estado, y cortarlos así, matemáticamente, por disposición, no ya de la ley,
sino de la Constitución, le parece inadecuado.
Por último, en lo que se refiere concretamente a los jueces, cree que
ponerles un tope de 65 años de edad puede significar un obstáculo para
que el día de mañana la justicia chilena sea incrementada por personas que
hayan tenido una experiencia en la profesión y que pudieran optar al cargo
de juez en determinado momento, como, por ejemplo, cuando el hombre
está cansado de ejercer la profesión en los tribunales o cuando no tiene
dotes suficientes para sostener juicios que requieren cierto carácter, cierta
voluntad, y le viene un determinado sentido de reposo en el ejercicio
profesional o el deseo de efectuar en este sentido una apreciación más
equitativa y no de lucha. Estima que esta disposición podría representar un
obstáculo para que pudieran integrarse a los tribunales, especialmente, en
carácter de jueces, personas que en diferentes regiones, provincias o
comunas del país pudieran en determinado momento pensar en ingresar al
Poder Judicial con toda la experiencia ganada en este sentido, y, en su
concepto, si pudieran hacerlo a los 60 años, sabiendo que van a tener un
límite tan estrecho —hasta los 65—, la disposición sería inadecuada.
Piensa que es circunstancial el argumento que se da en el sentido de
que en este momento el ejercicio de la función judicial —lo reconoce— es
tremendamente agotador y requiere prácticamente la dedicación de alguien