Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Santiago, 10 de noviembre de 1973,
“De acuerdo con lo conversado con Ud., me permito remitirle el
proyecto adjunto que consagra una nueva disposición constitucional
relativa a las atribuciones y deberes de la Contraloría General de la
República.
“En dicho proyecto de norma constitucional se han incorporado los
conceptos que se encuentran actualmente establecidos, tanto en el texto
vigente del artículo 21 de la Carta Fundamental, cuanto en la Ley Nº
10.336, Orgánica de esta Contraloría General, y en sus posteriores
modificaciones.
“En efecto, se ha estimado del caso mantener en texto separado el
mandato que actualmente consagra el inciso primero del artículo 21
aludido, y que establece de un modo general el principio de legalidad que
preside todo gasto público.
“En precepto aparte, se establecen las atribuciones del Organismo
Contralor, recogiendo en ellas, como ya antes se expresara, las normas
preexistentes de la Constitución Política en vigor, complementadas por las
que prevé el artículo 1° de la citada Ley Nº 10.336, y que fijan de un modo
definido la esfera de acción fiscalizadora de la Contraloría, confiriéndoles
ahora un rango constitucional que reafirma su vigencia.
“Las facultades fiscalizadoras de esta Repartición respecto de las
empresas, sociedades o entidades públicas o privadas, en que el Estado o
sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas
tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las
mismas condiciones, representación, o participación para los efectos de
cautelar el cumplimiento de los fines de esas empresas, sociedades o
entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las
responsabilidades de sus directivos o empleados y obtener la información o
antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional, fueron
establecidas recientemente por el Decreto Ley Nº 38, publicado en el Diario
Oficial de 2 de octubre de 1973.
“En materias de insistencia de decretos o resoluciones previamente
representados por este Organismo Contralor —mecanismo regulado
actualmente en el artículo 10 de la Ley Nº 10.336—, se ha procurado
señalar una importante limitación de jerarquía constitucional, que impida el
ejercicio de esa atribución administrativa frente a decretos promulgatorios
de leyes, de reformas de la Carta Política y, en general, respecto de
medidas que vulneren las normas del ordenamiento constitucional en forma
directa, como un medio de salvaguardar los valores básicos que protegen
las disposiciones del texto fundamental de la Nación.
“Del mismo modo, se ha optado por incluir expresamente una norma
—aceptada uniformemente por la doctrina y jurisprudencia— que excluya el
resorte de la insistencia en materia de decretos o resoluciones que