Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

proyecto del señor Contralor. Cree, además, muy completa la síntesis
hecha por el señor Presidente, y piensa que en gran medida los orientará
en los debates. Y al igual que el señor Ortúzar, considera que hay una
serie de normas que no se justifican en absoluto.
El señor ORTUZAR (Presidente) estima que será muy difícil que, en
una preceptiva constitucional, puedan precisar en todo su desarrollo las
distintas funciones de control jurídico, contable, financiero y
administrativo que corresponden a la Contraloría General de la República.
Deben señalarlas y, como trata de hacerlo el proyecto, definirlas en lo
esencial, dejando, en definitiva, entregada a la ley orgánica de la
Contraloría —que podría tener el carácter de ley constitucional, o
normativa, como la han denominado en otras oportunidades, y a lo cual
se ha referido muchas veces el señor Carmona— el detalle del desarrollo
de cada una de tales funciones, porque inclusive es posible que, en
ciertos casos, como en el ejercicio de la función fiscalizadora, la
Contraloría pueda llegar a resolver que es menester la destitución de un
funcionario, pero sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el tribunal
contencioso-administrativo.
Por eso, cree que la solución no reside en que pretendan resolver
por medio de normas de carácter constitucional, hasta dónde llegan, en
cada caso, las atribuciones de la Contraloría, sino que en entregar el
problema al legislador, a fin de que, con buen criterio y atendidas las
circunstancias, pueda establecerlo, e inclusive ir variando de
predicamento en ciertas oportunidades, de acuerdo con la evolución que
tenga el desarrollo institucional y social del país. Por ello, estima que la
disposición que sugiere en el sentido de que “la ley determinará en lo
demás la organización, funcionamiento y atribuciones de la Contraloría
General de la República”, les permite resolver muchos problemas y
evitarles dolores de cabeza, y reduce prácticamente a lo sustancial esta
iniciativa constitucional.
El señor LORCA señala que sólo discrepa con una parte de las
observaciones del señor Presidente, y es en la necesidad de establecer la
jurisdicción de la Contraloría en los determinados órganos de la
Administración, y de toda la jerarquía administrativa. Podrá aducirse que
se podrían crear otros organismos administrativos, y que ellos tendrán las
leyes correspondientes. Sin embargo, considera importante estudiar esta
materia, y lo dice como una proposición para ser discutida. En todo caso,
insiste en que la jurisdicción misma de la Contraloría debería señalarse en
la Constitución.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que tal punto haría
sumamente extenso el precepto, porque debería incluir todos los organismos
que, en virtud del decreto ley 38, de la ley Nº 10.336, y de dos
decretos leyes posteriores, están sometidos a la fiscalización de la Contraloría.
El señor LORCA anota que, en realidad, hay cierto tipo de