Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Por otra parte, aborda el otro problema que se estaba planteando
hace un instante. Le parece que el recurso de protección ha sido
claramente establecido para reclamar de actos arbitrarios de la autoridad o
de particulares que violen las garantías constitucionales que se enumeran
en el artículo que consagró el recurso, pero que digan relación con faltas o
trasgresiones de carácter administrativo de la autoridad ejecutiva, o bien,
naturalmente, de algún particular. Estima que el recurso de protección no
puede extenderse al caso de las leyes inconstitucionales, aunque en ellas
se base un acto de autoridad.
Si el acto de autoridad está basado en la ley, el recurso de protección
no cabe y es improcedente, porque la instancia que hay que invocar
ahí es otra: es reclamar y obtener la declaración de inconstitucionalidad
de la ley por medio del recurso de inaplicabilidad, y para los
efectos particulares que este recurso tiene.
Pero el temor que ha surgido aquí en cuanto a que puede ser
insuficiente este procedimiento para garantizar algunos derechos
constitucionales básicos, no tiene asidero o no debería ser tal si se considera
que ya se ha convenido también en la necesidad indispensable de establecer
un tribunal constitucional, formado fundamentalmente, o mejor,
exclusivamente, por magistrados de los tribunales superiores de justicia,
ante el cual se podrá recurrir antes de que la ley sea promulgada, para
evitar justamente que se promulguen o se lleguen a promulgar leyes
inconstitucionales. Ahora bien, si estas leyes inconstitucionales que se
pretende promulgar, afectan las garantías más fundamentales, como la
libertad personal, por ejemplo, será perfectamente predecible que el
tribunal constitucional declarará su inconstitucionalidad.
Todo el secreto del éxito de un tribunal constitucional reside,
primero, en una acertada composición del mismo y, segundo, en quiénes
pueden recurrir ante él. Desde luego, en esta materia ya existía un
principio acertado de solución en el texto vigente al 11 de septiembre de
1973, por cuanto permitía a un quórum minoritario de las ramas del
Congreso recurrir al Tribunal Constitucional. De manera que inclusive un
Presidente de la República que contara con mayoría parlamentaria para
aprobar una ley, podía verse expuesto a que la minoría parlamentaria
recurriera al Tribunal Constitucional para impedir que esa ley fuera
promulgada o llegara a ser tal si era contradictoria con la Constitución.
Inclusive se puede llegar más lejos todavía, y facultar a alguna
autoridad, que podría ser —lo señala a vía de ejemplo y como una primera
aproximación al problema— el Fiscal de la Corte Suprema, que pudiera
plantear ante el tribunal constitucional en un instante determinado su
inquietud acerca de la eventual inconstitucionalidad de una ley que se
estuviera tramitando, con el objeto de impedir incluso que una mayoría
abrumadora o una eventual unanimidad del Poder Legislativo pudiera dictar
una ley inconstitucional.
Si se configura un sistema amplio de posibilidades de manera que