Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

facultad de hacer cumplir por la Contraloría lo que ha sido objeto de
acusación. A su juicio, está bien como se encuentra; es decir, que el
Contralor instruya el sumario, envíe todos los antecedentes a la autoridad
administrativa y ésta verá hasta dónde aplica o no aplica esa sanción u otra
que le parezca más conveniente.
Además, a su modo de ver, estarían creando la posibilidad de
conflictos entre el Poder Administrativo y el Órgano Fiscalizador, los cuales,
podría decirse, se producirían casi fatalmente: tendrían un conflicto casi
permanente entre el Órgano Administrador o Poder Administrador o
Ejecutivo y el Órgano de Fiscalización,
Añade que, por otra parte, le parece inoportuno entrar al detalle del
proyecto, pero en general, cree que es demasiado reglamentario.
Las constituciones se clasifican, por su extensión, en breves, o básicas
o fundamentales, y reglamentarias o “desarrolladas”, como algunos las
llaman. Pero no es lo mismo “constitución desarrollada” que “constitución
reglamentaria”. Su preferencia está por las constituciones básicas y, por
ende, por las disposiciones constitucionales breves. Mientras más breve,
mejores; de tal manera que en la regla general de carácter muy amplio sea
factible incluir todos los casos que pudieran suscitarse dentro de esta
disposición.
Comprende perfectamente que, dada la complejidad del ejercicio del
poder del Estado actual, la tendencia es a las constituciones desarrolladas,
pero no a las reglamentarias. Aquéllas implican que los elementos básicos o
fundamentales de la acción del Estado estén comprendidos dentro de la
Constitución; no sólo los de tipo político, sino que todo lo fundamental para
la marcha del Estado, tenga su base en la Constitución Política. Pero no
implican que ella deba dar los detalles de la organización. Y cree que, desde
ese punto de vista, más que desarrollado, el proyecto es reglamentario,
innecesariamente reglamentario. Ganaría mucho si contuviera más puntos
fundamentales y diera menos detalles sobre cada uno de éstos.
Otro aspecto que habría que subrayar sería el relativo a la consagración
de la toma de razón y de la insistencia en el texto, porque
actualmente tanto la toma de razón como la insistencia se desprenden de
las disposiciones, pero no están consagradas de manera expresa. Valdría la
pena hacerlo, porque es uno de los aspectos fundamentales de la acción de
la Contraloría. La consecuencia de esta fiscalización o control —prefiere
llamarla “control” y dejar “fiscalización” para el aspecto político— sobre los
órganos del Ejecutivo está en que, primero, se tome razón, es decir, que se
manifieste la conformidad de la Contraloría respecto de la constitucionalidad
y legalidad de un decreto; y segundo, aún cuando exista un cierto temor
por la imagen, cree que deberían establecerse la toma de razón y la facultad
de la insistencia. Pero estima que esta última no tendría que hallarse
determinada de modo totalmente general, sino que debería consagrarse la
posibilidad de la insistencia para ciertos asuntos insistibles; es decir,
establecer que en aquellas materias en que se considera que existen
razones superiores de Gobierno, de orden público, etcétera, pueda
insistirse, porque en ese caso se trataría de una razón de Gobierno la cual