Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

pretende es que los servicios públicos tengan —es más o menos la idea—
una agilidad, un dinamismo, una eficiencia, para que se puedan cumplir las
metas que se han declarado en el decreto ley N° 1, que es el relativo a la
constitución de la Junta de Gobierno. Cree, entonces, que pareciera que hay
que visualizar toda esta mayor amplitud en facultades que se están dando a
la Contraloría en relación con el momento histórico.
Se refiere, enseguida, nuevamente, al decreto ley Nº 38, de octubre
de 1973, y en relación con su texto expresa que la Junta Militar, en sus
diversas declaraciones, ha hecho un verdadero diagnóstico de lo que era el
país en ese momento, que puede resumirse diciendo que había una
situación caótica y una anarquía en todos los planos. Estima,
consecuencialmente, que pareciera natural y lógico que la Junta de
Gobierno pensara, respecto de la Contraloría —institución que indudablemente
jugó un papel importante en la defensa de la legalidad y de
los principios del Estado de Derecho—, en darle atribuciones que fueran
pertinentes para que contribuyera a esta tarea de reconstrucción, y un
considerando de dicho decreto ley hace referencia explícita a que la Junta
de Gobierno le solicitó a la Contraloría la presentación de un memorandum,
por así decirlo, relacionado con la dictación de un decreto ley sobre la
materia.
A su juicio, debe pensarse en la finalidad concreta que tuvo el
legislador para dictar el referido decreto ley Nº 38, que fue la de dar
vigorización a una serie de atributos fiscalizadores y permitir justamente
entrar al control de instituciones del sector descentralizado.
Hace notar que, después, el decreto ley Nº 1.141 tiene otra riqueza
en sus considerandos, pues insiste en que es necesario que los servicios
públicos y las empresas estatales tengan la debida agilidad, eficiencia y
regularidad, pero agrega algo más, que son los principios del Estado de
Derecho: “Es básico, para que un Estado de Derecho exista, que se respete
la legalidad por parte de todos los sectores de la Administración Pública”.
Por esto considera que el proceso de fiscalización es imprescindible para que
se adecue la Administración a la ley preexistente, y repite que se invoca allí
no sólo el proceso de eficacia, de eficiencia, de agilidad de los servicios
públicos, sino también el respeto a los principios del Estado de Derecho, que
se trasuntan, como se sabe, en el principio de la legalidad de la
Administración, en el imperio de la ley, porque toda la Administración debe
obrar dentro del esquema preexistente en lo normativo.
Hace notar que el decreto ley Nº 1.263 insiste ya en materia contable
y de balances, prosiguiendo con la misma temática, y por eso es que le
parece que esta proposición de la Contraloría trasunta justa y precisamente
toda esa normatividad a la que ha hecho referencia, y que tiene una
explicación bastante lógica y consecuente, cual es enfrentar una situación
que podría calificarse de emergencia, y él estimaría pertinente dar mayor
vigor, mayor amplitud al organismo que por tradición ejerce estos controles.
Agrega que la pregunta que subyace es la siguiente: esto que
pareciera bueno en el momento presente, que tiene justificación por las