Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

producirán en el exterior las disposiciones que acuerde la Comisión, porque,
por ese camino, se llega —y el ejemplo español últimamente es, para él,
clarísimo— a la claudicación; de modo que ese argumento, en su concepto,
no es valedero.
En cuanto al otro aspecto, estima que en lo relativo a la colocación
del control jurídico preventivo de la Contraloría, que es el mecanismo del
decreto de insistencia, deberá incorporarse, en una futura Constitución,
entre las atribuciones de la Contraloría, porque, precisamente, en aquellas
materias referentes a relación entre Poderes del Estado o entre organismos
del Estado, debe optarse por una u otra posibilidad: o se coloca dentro del
Poder regulado o dentro del Poder regulador o Poder contralor.
Recuerda que en la Constitución chilena se ha solido incluir aquellas
materias que significan el ejercicio de una facultad de control en las normas
relativas al organismo contralor, como ocurre, por ejemplo, con el recurso
de inaplicabilidad, que no está ubicado en el proceso legislativo, sino en las
atribuciones de la Corte Suprema, como, también, el Tribunal
Constitucional, al que se le destinaron artículos especiales.
Por ello, piensa que lo relativo al decreto de insistencia, al control
preventivo de la juridicidad de la potestad reglamentaria, deberá ubicarse,
por orden, dentro del capítulo de la Contraloría General de la República, sin
perjuicio, naturalmente, de que, tal vez, haya que efectuar alguna remisión
en el precepto acerca de la potestad reglamentaria, y así podrá
establecerse, por ejemplo: “El Presidente de la República podrá dictar
reglamentos, decretos supremos, etcétera, sobre los cuales ejercerá control
la Contraloría General de la República”. Pero, a su juicio, el control, de todas
maneras, se desarrollará en virtud de las atribuciones incorporadas en el
capítulo “Contraloría General de la República”.
Estima, en todo caso, que por razones de orden, en definitiva, esa
materia habrá que enfrentarla en algún momento, y en cuanto a que, en
este momento, sea o no necesario incluirla en la normativa constitucional, le
parece que deberá empezarse por dilucidar previamente si las disposiciones
relativas a la Contraloría que se están tratando se verterán o no en un Acta
Constitucional, porque un Acta Constitucional tiene sentido si se añade algo
más a las normas constitucionales ya existentes; de lo contrario, es
preferible dejarlas tal como están, Por eso, considera que debe enfrentarse
el problema, con el fin de ir preparando, con miras al futuro, el
funcionamiento de las instituciones chilenas, por cuanto, si no se hace nada
y simplemente se trasladan preceptos, remozando o limpiando un poco la
cara de la Constitución de 1925, pueden encontrarse, en un momento dado,
con un cambio en que se pierda la oportunidad que les brinda este período
de transición.
La señora BULNES hace notar que, en realidad, el señor Bertelsen la
ha aludido en una forma un poco fuerte, y expresa que, aunque ella no ha
pretendido claudicar de principios, desea dar una explicación a la Comisión,
que sólo recientemente la está conociendo. Afirma que siempre se ha
considerado una realista política; que jamás ha pretendido ser ni es una