Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

fomento y la Contraloría ejerciera las facultades que la ley le da, y
muchísimo más si quedara el texto constitucional en la forma propuesta,
la Corporación sería absolutamente inoperante. Pero en la emergencia
actual, que ya lleva casi cuatro años, en que la Corporación está
enajenando un patrimonio estatal importantísimo, la colaboración, ayuda
y compañía de la Contraloría en todo esto ha sido esencialmente
beneficiosa para el Estado y para los personeros que han tenido que
actuar. Habría sido muy distinta la posición de la opinión pública o de
quienes pudieran criticar las enajenaciones y las ventas, si no se hubiera
tenido una injerencia permanente y constante de la Contraloría, en la cual
se ha encontrado por lo demás, salvo excepciones que han sido señaladas
aquí más bien como peligros potenciales, como las referentes a los
mataderos y a los gallineros, una colaboración fundamental tanto de parte
del señor Contralor como del organismo contralor.
Por otro lado, respecto de las actuaciones permanentes de la
Corporación el peligro potencial es gravísimo. Un sólo caso: la Contraloría
ha sostenido, por ejemplo, que para constituir una sociedad debe dictarse
una resolución, un acuerdo del Consejo o una resolución sustitutiva del
Vicepresidente Ejecutivo, conforme a su ley orgánica. Pero después que
está suscrita la escritura de sociedad; después que se ha firmado;
después que se han contratado obligaciones patrimoniales; después de
que está inscrita la sociedad, en ese momento debe dictarse una
resolución, con trámite de “toma de razón”, para que la Contraloría diga si
el acto es bueno o malo. Hasta el momento, nunca ha dejado de tomar
razón de la resolución. Pero si fuera de otro modo, ¿qué pasaría?
¿Quedaría nula la sociedad? O sea, hay en la actividad normal de la
Corporación un peligro potencial que se agrava con el texto constitucional.
En cuanto al otro asunto abordado por el señor Ministro
Vicepresidente de CORFO, relativo a las medidas disciplinarias, debe
decir, hablando con la experiencia de veinte años en la Corporación, que
miles de veces al año, sin exagerar. hay órdenes de Gobierno, del señor
Ministro de Economía, del señor Ministro de Hacienda, del señor Presidente
de la República, en el sentido de que, en determinado caso, hay
que actuar de determinada manera; y simplemente se trata de un llamado
telefónico, de una instrucción. Eso nunca se aparta ni de la moralidad
ni de las buenas costumbres, pero sí de los textos demasiado
precisos del reglamento en el otorgamiento de un préstamo a una sociedad
que se sabe que en noventa días más a lo mejor cae en falencia y
respecto de la cual existe una decisión política en orden a prestarle la
plata, a arriesgarse ¿Cómo lo puede juzgar la Contraloría, si se le
mantiene o se hace mayormente fuerte este tipo de atribuciones.
Por eso, considera gravísimo lo de la insistencia en las medidas
disciplinarias respecto de quienes están en la función pública, en el caso
de que esa facultad se llegara a corroborar con rango constitucional.
El señor LORCA, en relación con este último aspecto, consulta al