Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

decreto no es ilegal.
Al respecto, relata un caso práctico que se acaba de producir frente al
hecho doloroso de la muerte del doctor Alfredo Vargas Baeza, Director del
Instituto Médico Legal, quién, como Director de este organismo, era una
persona de la confianza exclusiva del Presidente de la República, y que, en
un órgano dependiente, podría estimarse con la categoría de un
Vicepresidente. Agrega que, según la ley del Instituto Médico Legal, la
subrogación legal de este Jefe de Servicio corresponde al Médico Jefe de
Tanatología o, a falta de éste, al Médico Jefe de tal otro servicio, pero
sucede que, desgraciadamente, en los momentos en que falleció el doctor
Vargas Baeza, no estaba provisto ninguno de los dos cargos que fijaban su
subrogante legal, y, de acuerdo con los criterios de la Contraloría, habiendo
fijado la ley un orden de subrogación, no procede sino ceñirse a él, por lo
que se encontró con el problema de que, mientras no designara un interino,
por lo menos, y mientras no encontrara ese interino que aceptara con todas
las consecuencias del interinato —que significan pasar a ganar el sueldo de
interino, si se está ganando otro, en aplicación del precepto legal respectivo,
etcétera—, no había Director del Instituto Médico Legal, con todas las
graves consecuencias que de ello deriva para el funcionamiento de ese
servicio, en el que, incluso, se echaron a perder los refrigeradores. Expresa
que, ante esta situación, dictó un decreto interpretativo de la ley que decía:
“Cuando no se pueda aplicar el orden de subrogación previsto en el decreto
con fuerza de ley orgánico del instituto Médico Legal, se tendrá por
subrogante legal a determinada persona”; nominó, en esta forma, a una
persona determinada, que es el sistema que se sigue con todos los cargos
de confianza exclusiva, cual era el caso del doctor Vargas Baeza, y ha tenido
que defenderlo personalmente en la Contraloría, porque ésta tenía su
interpretación, que ella llama “interpretación unicornia”, o sea, en una sola
orientación: la de que, cuando la ley fija un orden de subrogación, no se
acepta ningún otro procedimiento. De ahí, que tuvo que convencer a la
Contraloría para que se aceptara esa solución, y, felizmente, se cursó el
decreto con un criterio finalista.
Anota que, por eso, le interesa el concepto finalista, porque, a su
juicio, permite a la Administración, que es la primera intérprete de la norma
jurídica, hacer cosas, llenar vacíos, realizar acciones inmediatas que está
obligada a adoptar, aún cuando existen ciertas normas que aparecen un
tanto rígidas, y repite que, por ellos, el criterio de interpretación finalista lo
mira bajo un tamiz favorable.
Estima evidente que el señor Carmona tiene toda la razón cuando
sostiene que esto podría llevar a una desuniformidad en, la aplicación de la
ley a nivel nacional, con la agravante de que esa desuniformidad llevaría a
un problema de inconstitucionalidad, porque a quien se aplica la ley de
manera distinta se le está tratando en forma desigual ante la ley, y la
Constitución consagra la igualdad ante la ley, pero todas estas situaciones
tienen factores a favor y también en contra; y, como cree que de la
discusión nace la luz, plantea el problema.
La señora BULNES hace saber que formulará las siguientes preguntas