Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

consecutivos. Estima que cabe preguntarse por qué privar de la posibilidad
de que un ciudadano solicite la declaración de inconstitucionalidad si en
estos casos de inconstitucionalidad a que se ha referido —a menos que
esté muy equivocado— en realidad tendría interés en solicitar la
inconstitucionalidad un representante del Gobierno, del Estado, etcétera,
que realmente se preocupe de velar por los supremos intereses del país,
puesto que los particulares muchas veces podrían beneficiarse con leyes
demagógicas que se dictaban en numerosas oportunidades, como por
ejemplo, los que concedían beneficios, en realidad, más allá de las
posibilidades legales y con infracción y violación manifiesta de la Carta
Fundamental.
Repite que esa es la inquietud que se tuvo en ese instante, y cree
que tal vez habría que limitar más, naturalmente, la preceptiva, pero quién
sabe si convendría ampliar la de la Constitución.
El señor DIEZ expresa que se afirma cada vez más en el criterio que
expuso —en forma dudosa, si se quiere— al comienzo de la sesión, en
razón de la experiencia y del conocimiento que tiene de la vida política y
parlamentaria.
Estima que aquí ya se está entrando a confundir varias materias:
primero, las Actas Constitucionales con la Constitución; y, segundo, la
violación por el Congreso de las normas relativas a la iniciativa, que es
materia relacionada con la constitucionalidad de forma y que debe
estudiarse cuando se discuta la formación de la ley. Porque le parece que
no hay duda alguna de que cuando se debata este tema tendrán que
abocarse al problema de la inconstitucionalidad de forma por la violación
del Congreso a las normas sobre iniciativa o por la promulgación por parte
del Presidente de la República de un texto distinto; en esa materia no se
opone a que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inconstitucionalidad
de forma a requerimiento de la mayoría del Congreso o del Presidente de la
República, pero aquí se está hablando de una cosa muy distinta, que son
los intereses de los gobernados, no del funcionamiento de la máquina
gubernativa.
El señor GUZMAN acota que el precepto está colocado en el capítulo
del Poder Judicial, y entonces tendría que debatirse el problema dos veces.
El señor DIEZ estima que son dos problemas distintos.
El señor GUZMAN cree que, en realidad, el tema es íntegro, y tanto
en lo que se refiere a la inconstitucionalidad de fondo como a la de forma
sería procedente ubicar la materia donde el señor Díez sitúa a esta última,
es decir, en la formación de las leyes, pues es allí donde debería
Consagrarse el precepto relativo a garantizar la supremacía constitucional.
Anota que lo que ocurre es que está en un lugar inadecuado, como es el
capítulo del Poder Judicial, porque éste sólo debería referirse a la
estructura de dicho Poder más que a las facultades que pueden entregarle
otras disposiciones constitucionales a propósito de los diversos temas que
irán tratándose a lo largo de la Constitución; de ahí tal vez proviene la