Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En este sentido, expresa su duda en cuanto a si quizás no sería más
adecuado radicar toda esta materia en la Corte Suprema, prescindiendo así
de un tribunal constitucional distinto y ad hoc. Agrega que, en todo caso,
no tiene los mismos temores que el señor Díez, o no comparte, por lo
menos, la aprensión con que él plantea el tema, por dos razones. La
primera es que la inquietud que él ha señalado en cuanto a que en un
eventual conflicto de poderes pudiera suprimirse el recurso de
inaplicabilidad, cree que debe conjurarse y evitarse por otro medio, que es
el de exigir que determinadas reformas constitucionales, que digan relación
a materias fundamentalmente destinadas a proteger los derechos de los
particulares, no puedan ser aprobadas sin plebiscito. Estima que no pueden
operar en este momento sobre la base de atarse a las fórmulas de reforma
constitucional que establecía la Carta de 1925. Le parece que hay materias
en las cuales es absolutamente indispensable ser más exigentes que ésta
para la reforma constitucional. Por lo tanto, piensa que esa inquietud debe
tener solución por la vía que indica, y no por la de enervar un recurso
como el que se está proponiendo.
En segundo lugar, el otro temor que él ha manifestado, que es el de
politizar a la Corte Suprema y de envolverla en una contienda de Poderes,
cree que no sólo les ofrecerá dificultades en el momento en que analicen el
tema que planteó hace un rato, en cuanto a la fórmula de garantizar la
supremacía constitucional de forma o de fondo en los casos en que se
afecte al interés nacional. Considera que hay una serie de materias que se
le han entregado a la Corte Suprema y que inciden, en forma directa y,
diría, a veces decisiva, en el curso de la vida política nacional, pero que,
por constituir cuestiones de índole jurídica, ella ha podido resolver sin que
se deteriore su prestigio y sin que se creen insalvables conflictos de
Poderes. Ha traído a colación —y lo reitera— el caso del desafuero de los
parlamentarios, materia que antiguamente estaba entregada al propio
Congreso Nacional y que, primero, el Código de Procedimiento Penal y,
posteriormente, la Constitución Política entregaron a los tribunales de
justicia. Bien saben que por la vía del desafuero de un parlamentario se
puede llegar a alterar una mayoría parlamentaria. Hubo instantes en que la
petición de desafuero de un parlamentario adquirió una gravitación política
insospechada. Recuerda sólo el caso de la petición de desafuero de don
Raúl Morales Adriasola en el Gobierno de don Salvador Allende; pero
también hubo casos anteriores al respecto. Sin embargo, si no había de
parte del Gobierno la voluntad de destruir al Poder Judicial, siempre se
respetaron esos fallos y siempre la decisión de la Corte Suprema fue
estimada como una resolución dictada conforme a derecho por un tribunal
que apreciaba el problema jurídicamente, con independencia de las
incidencias políticas que pudiera tener, no obstante que, en realidad, esas
incidencias pueden ser, en ciertos casos, muy poderosas. Sólo cuando llegó
un Gobierno que tenía la premeditada y deliberada voluntad de destruir el
Poder Judicial y de minar, para ello, su prestigio, se atacó a la Corte,
Suprema, pero no sólo por resoluciones que decían relación a materias
como el desafuero parlamentario, sino por todo género de resoluciones
que, de alguna manera, entrababan el deseo del anterior Gobierno de ir a
la implantación de un Estado marxista-leninista. Por eso considera que no