Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ser interpuesto por quien sufra un perjuicio actual por obra de que se le
quiere aplicar una disposición legal que él estima inconstitucional.
En segundo lugar, respecto de los efectos generales que produciría
una sucesión de fallos de la Corte Suprema, que estimara que determinado
precepto legal es inconstitucional, él no tiene en absoluto los temores de
don Sergio Díez, en cuanto ellos vayan dirigidos a la posibilidad de que el
constituyente pueda suprimir el recurso de inaplicabilidad en un futuro
mediato. En primer lugar, porque cree que sería muy difícil que llegara a
ocurrir, por cuanto sería destruir el Estado de Derecho y una de sus bases
fundamentales. En segundo lugar, porque es partidario de que, cuando se
estudie el tema de la reforma de la Constitución, se consagren ciertas
exigencias mayores que las conocidas hasta ahora, en determinadas
materias.
A su juicio, el problema que plantea don Sergio Díez es de otra
naturaleza. En lo que a él le parece más válido, o por lo menos digno de
mayor debate y atención, aquél planteó que mientras el recurso de
inaplicabilidad carece de impacto político y una sucesión, por numerosa
que sea, de fallos de la Corte Suprema declarando que un precepto legal es
contrario a la Constitución y, por lo tanto, inaplicable en un caso particular,
no constituye un hecho político, en cambio, si lo constituye el que en un
momento dado sea publicado en el “Diario Oficial” una declaración de la
Corte Suprema en virtud de la cual, con efectos generales, se entiende
virtualmente derogada una disposición legal.
Es evidente que en este aspecto tiene razón en el diagnóstico. Hay
una diferencia muy clara en cuanto a que, por una parte, en la fórmula
conocida del recurso de inaplicabilidad no se genera un hecho político
impactante y significativo, que sí tiene lugar, en cambio, si se le concede
efectos generales al recurso de inaplicabilidad.
Pero ese temor conduce, como consecuencia, a analizar el problema
de qué gravedad tiene para la Corte Suprema verse envuelta en definiciones
que de alguna manera constituyen un hecho político importante
dentro de la natural pugna de tendencias que se produce en la vida cívica.
Y es éste el punto que cree que exige pronunciamiento. Porque más
adelante van a tener que ocuparse, como ya quedó acordado en la sesión
pasada, del problema de cómo garantizar la supremacía constitucional
frente a proyectos de ley o a leyes que pueden violar la Constitución, no en
perjuicio de particulares, sino que en perjuicio del interés general de la
nación o del bien común. Es decir, van a tener que ocuparse de decidir si
acaso se mantiene la idea de que se exija un Tribunal Constitucional
distinto de la Corte Suprema, que tenga facultades para pronunciarse
sobre la inconstitucionalidad de las leyes, antes de que ellas lleguen a ser
tales, o incluso en los días inmediatamente siguientes a su promulgación,
como lo preveía la Constitución vigente al 11 de septiembre de 1973, si
había alteración en el texto promulgado respecto del que se había
aprobado.