Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Administración de don Eduardo Frei, en la reforma constitucional que fue
discutida en 1969 y que entró en vigencia el 4 de noviembre de 1970, con
la creación del Tribunal Constitucional al que se encargó, precisamente,
velar por la constitucionalidad llamada de forma de las leyes y, por otra
parte, por la constitucionalidad de fondo, en los casos en que estuviera
comprometido fundamentalmente el interés nacional, desde el momento en
que el Presidente de la República o un determinado quórum de alguna de
las Cámaras podía solicitar del Tribunal Constitucional, durante la
tramitación del proyecto, la declaración de inconstitucionalidad, o bien, una
vez promulgado éste, si el texto no se avenía con lo que había sido
aprobado de acuerdo con los trámites constitucionales pertinentes.
Agrega que el problema es que la Comisión tiene que resolver, a su
modo de ver, en forma simultánea toda la forma de proteger la supremacía
constitucional para poder apreciar en forma exacta cuál es el valor y el
riesgo de las observaciones que el señor Díez ha planteado como
objeciones a transformar el recurso de inaplicabilidad en un recurso de
inconstitucionalidad, en la forma como lo ha propuesto la Subcomisión
pertinente.
Si se entregase a la Corte Suprema la facultad que según el texto
constitucional vigente al 11 de septiembre de 1973 correspondía al
Tribunal Constitucional, es evidente que el problema del conflicto de
poderes que el señor Díez teme se vería todavía, en ese evento, mucho
más probable por la vía de este tipo de reclamos de parte del Presidente de
la República o de algún órgano del Congreso Nacional, del futuro
Parlamento, pidiendo la inconstitucionalidad de una ley que se está
tramitando.
Por lo tanto, es difícil evaluar y ponderar el riesgo que el señor Díez
plantea, sin que simultáneamente se pronuncien sobre este otro aspecto
que, a su juicio, es vital, porque la experiencia de un Tribunal
Constitucional como el que se tuvo fue desafortunada.
En todo caso, la reforma de 1970 demostró una realidad incuestionable:
que tiene que haber un órgano que vele por la supremacía
constitucional y que en sus resoluciones imponga su criterio sobre el que
haya tenido el Poder Legislativo al aprobar la norma, entendiendo por
Poder Legislativo la concurrencia de los colegisladores que lo conforman.
De manera que esto les coloca frente a un dilema ineludible: si hay que
garantizar la supremacía constitucional algún órgano ha de haber que en
definitiva haga prevalecer su criterio frente a una ley dictada por el Poder
Legislativo, y este órgano de alguna manera queda colocado por sobre el
Poder Legislativo para el sólo efecto de ponderar, desde el punto de vista
jurídico, si una ley se opone a la Carta Fundamental.
Como el problema es insoslayable, lo único que cabe discernir es
cuál será ese órgano. Por eso, el problema es bastante complejo y debe ser
resuelto, a su juicio, en su conjunto.