Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En caso de que esta última fuera la interpretación, convendría
precisarla para evitar equívocos al respecto.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de. la Corte Suprema) estima que
al hablar de la “jurisdicción respectiva” el precepto se refiere a la
jurisdicción de quien dependa el funcionario. Ese es el sentido que le dio la
Corte.
El señor DIEZ expresa que tiene dudas de si en realidad es ése el
sentido que se le debe dar a la “jurisdicción respectiva”, porque eso
significa amarrar a una persona a un determinado tribunal. Y eso no le
gusta como política, porque puede dar origen a abusos. Preferiría que fuera
el lugar donde el delito se ha cometido.
El señor GUZMAN manifiesta que quisiera terminar de señalar las
inquietudes o los puntos que deben resolver, para posteriormente entrar a
resolverlos.
El artículo 33 de la Constitución establecía que la autorización de la
acusación envolvía la declaración de haber lugar a la formación de causa.
Aquí se ha hablado simplemente de una autorización genérica e
imprecisa. La diferencia es importante porque este término “haber lugar a
la formación de causa” se prestó a bastante debate, en el sentido de
cuándo debía la Corte de Apelaciones conceder o no el desafuero, qué
elementos de juicio tenía que tomar. Después, tomando pie del Código de
Procedimiento Penal, se entendió que eran los requisitos suficientes para la
detención del parlamentario. Pero se trataba siempre de que la Corte de
Apelaciones debía hacer una ponderación de tipo objetivo, referida a una
calificación de algo más o menos preciso. Aquí están entregando una
facultad de autorización que, al parecer, reviste caracteres discrecionales;
es decir, que la Corte autoriza o no autoriza sin estar orientada a tener que
resolver ningún punto concreto, específico u objetivo, como es, por
ejemplo, entender que ha lugar a la formación de causa, o entender que
concurren determinados requisitos o hechos de naturaleza objetiva, lo que
le parece también que es un punto que hay que atender y considerar: si es
conveniente dejarlo en términos tan genéricos.
Por otro lado, también se prestó el texto existente en el artículo 33
para el debate acerca de si la resolución susceptible de ser apelada ante la
Corte Suprema era o no susceptible de ser recurrida de casación en la
forma. Es cierto que ahora han empleado la expresión “apelación”, lo que
no estaba en el texto del artículo 33 antiguo, que decía, simplemente, “De
esta resolución podrá recurrirse…“, con lo cual el término era más amplio.
Pero hay que precisar si acaso este cambio de terminología envuelve o no
una definición respecto de este punto.
Entiende que la jurisprudencia ha sido más bien tendiente a sostener
que no procedía el recurso de casación en la forma respecto de estas
resoluciones, tratándose del desafuero parlamentario, pero hay opiniones