Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

por la señora Bulnes deriva de que, al pensar en la Contraloría, se cree que
deben resolver todos los problemas relativos a ella, olvidando que lo que
debe resolverse es lisa y llanamente lo que constituirá la preceptiva
constitucional. No ve inconveniente de orden alguno para que se pueda
dictar un acta constitucional relativa a la Contraloría General de la
República, la que sería concebida, a su juicio, en términos muy similares a
la actual preceptiva, que dice que “un organismo autónomo con el nombre
de Contraloría General de la República fiscalizará el ingreso y la inversión de
los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y
servicios que determinen las leyes; examinará y cuidará las cuentas de las
personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la
contabilidad general de la nación, y desempeñará las demás funciones que
le encomiende la ley”. Luego, establecería, tal como lo señala el oficio, la
facultad que le asiste a la Contraloría para representar los decretos por
ilegalidad o inconstitucionalidad. EI único punto donde puede haber
diferencia entre el acta constitucional y el texto definitivo, es, en su
concepto, en lo que dice, relación a la imposibilidad para insistir cuando se
trate de decretos o de resoluciones que atenten contra la Constitución
Política del Estado, que tendrían que ser resueltos por un tribunal
constitucional. Ello, naturalmente, en el supuesto de que se tratara de la
normativa constitucional definitiva; en el caso del acta constitucional, le
parece que evidentemente debe prevalecer la voluntad del Ejecutivo que,
por de pronto, tiene en sus manos el Poder Constituyente. De modo que
podría dictar inclusive una norma de carácter y de jerarquía constitucional
para resolver la posible discrepancia con la Contraloría General de la
República.
El señor GUZMAN considera que el origen de la aparente dificultad de
la Comisión para actuar sobre la materia planteada está surgiendo de otro
presupuesto equivocado, y es que necesariamente la promulgación del acta
constitucional sobre la Contraloría, o su estudio por parte de la Junta de
Gobierno, tendrá que ser anterior al estudio que ella misma realice y a la
promulgación consiguiente del proyecto de ley sobre los tribunales
contencioso-administrativos y del proyecto de acta constitucional sobre
otros órganos del Estado, realidad que no le parece necesaria ni
conveniente. El parte de la base de que se debe ir preparando un grupo de
proyectos que oportunamente la Junta de Gobierno deberá estudiar en
conjunto con la íntima relación que existe entre ellos.
Es evidente, prosigue, que hay ciertas materias muy relacionadas en
la parte orgánica de la Constitución, en que se trata de adjudicar las
distintas funciones del Estado a los diferentes órganos, y respecto de lo cual
es preciso tener un concepto general sobre cómo se distribuirán estas
diferentes funciones y cómo se establecerá la interrelación entre los órganos
para ejercer esas mismas funciones con los adecuados equilibrios de un
Estado de Derecho. Por eso no es obstáculo para que, una vez definida esa
línea gruesa, se entre a trabajar ya en forma más específica en algunos de
los distintos aspectos que esta labor reviste, porque es evidente que lo que
se resuelva en materia de Contraloría tendrá relación directa con los demás
órganos de control, y lo que se resuelva respecto de la función de control en
general, dirá relación a lo que se determine en cuanto a las demás
funciones del Estado y de los órganos que hayan de ejercerlas, como son la