Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Martín y la constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la
disposición constitucional, si fuera menester, de que la referencia a “todos
los tribunales de la nación” no hace sino exclusivamente la excepción que
se expresa.
El señor PIERRY (Profesor de Derecho Administrativo) dice que
concuerda, básicamente, con la opinión del profesor Schiessler y con lo que
decía denantes el señor Bertelsen, en cuanto a que esto se encuentra
vinculado estrechamente con el problema de lo contencioso-administrativo.
En la Subcomisión que estudió esta materia se partió de la base de que
absolutamente todos los actos de la Administración tenían que quedar
sometidos al control de un tribunal y, concretamente, al de los tribunales
ordinarios.
En este momento, el único recurso que en Chile queda excluido de la
competencia del Poder Judicial, de acuerdo con su propia jurisprudencia, es
el que tiene por objeto anular los actos administrativos. Pueden paliarse los
efectos de la ilegalidad de la actividad administrativa por otras vías, como
sería la indemnización de perjuicios, o algunos caminos indirectos, en
juicios especiales; pero el recurso de nulidad queda excluido.
Y eso es básicamente lo contencioso-administrativo: el recurso
entablado para anular un acto de la Administración.
De ahí, entonces, que todo el proyecto de la Subcomisión de lo
Contencioso-Administrativo ha partido de la base de la llamada “acción
contencioso-administrativa”, que tiene por objeto anular un acto
administrativo, principalmente.
Ahora bien: ¿qué puede ocurrir? Que determinados actos de
autoridades administrativas no sean considerados como actos administrativos,
sino como actos de carácter jurisdiccional.
Al respecto, en Chile nunca ha estado muy clara la situación.
Solamente quiere referirse a dos puntos, a modo ilustrativo.
Por ejemplo, el caso de las llamadas “Cortes Marítimas”, que
corresponden a la Dirección del Litoral. Esta, a través de aquéllas, tiene la
facultad de aplicar sanciones y de establecer quién es el responsable en un
accidente naviero. Declara, por ejemplo, que el capitán de la nave es el
responsable de un naufragio, y a partir de ahí van a seguir con
posterioridad los juicios ordinarios de indemnización de perjuicios. Pero,
básicamente, en este procedimiento sumario de la Corte Marítima se
establece la responsabilidad del accidente. Sin embargo, la jurisprudencia
de la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que por la vía del recurso
de queja no corresponde entrar a pronunciarse, porque se trata de actos
que no son jurisdiccionales, sino de naturaleza administrativa.
Otro ejemplo es el caso de los juicios de aduanas. En éstos, de
acuerdo con la Ordenanza de Aduanas, el Superintendente puede actuar
como tribunal frente a las infracciones que conoce en los “juicios civiles