Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que se deje este asunto para la próxima sesión.
El señor OVALLE manifiesta que quiere intervenir no en tono polémico,
sino tranquilo, y que tenía deseos de que lo escuchara el señor
Díez, quien, lamentablemente, tuvo que ausentarse.
Considera que aquí se está frente a un problema capital, y en primer
lugar, debe definirse si existe o no existe la supremacía de la Carta
Fundamental, porque en la actualidad, en la práctica, la supremacía de la
Constitución sólo existe relativamente, ya que son numerosos los casos de
disposiciones legales con respecto a las cuales todo el mundo tiene opinión
perfectamente formada acerca de su inconstitucionalidad, pero que
continúan cotidianamente aplicándose, porque no es posible en cada caso
estar interponiendo los correspondientes recursos, tanto por lo que
económicamente significa, como, principalmente, porque se requiere de un
juicio. Le parece que puede haberlos habido, pero no se están creando
juicios en forma continua o normalmente.
En segundo término, se pregunta qué objeto tiene la supremacía de
la Constitución y qué objeto tiene este recurso; cuál es la razón de ser del
recurso, y si no nació acaso para proteger el derecho de los Estados, lo que
es una connotación típicamente norteamericana.
Considera que la supremacía de la Constitución y los recursos
destinados a protegerla tienen fundamentalmente un objetivo, que es
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y, particularmente,
los de los más débiles, porque, si se medita sólo un instante, las únicas
disposiciones sustantivas de la Constitución son las que se contienen en lo
que constituye la declaración de principios de un régimen, que es la
declaración de derechos humanos; las otras son normas estructurales
sobre las cuales van a trabajar o a funcionar los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, las municipalidades, etcétera, pero no son
disposiciones propiamente sustantivas. Repite que los preceptos
sustantivos que la Constitución contiene son los relativos a la protección de
los derechos humanos, y los recursos de inconstitucionalidad, en casi el
ciento por ciento de los casos, dicen relación a violaciones de normas
relativas a esas protecciones; de tal manera que la existencia de un
recurso eficaz es, además, una protección consecuente con los derechos
que la Carta Fundamental consagra.
Cree que los derechos humanos pueden ser violados por actos de la
autoridad política o por actos de la autoridad administrativa; si lo son por
esta última, existirán los recursos de protección, de amparo y demás, pero,
cuando es el Poder Legislativo el que viola los derechos humanos, el
modesto ciudadano no tiene el recurso de inaplicabilidad, por regla
general, sino que no tiene otro mecanismo de defensa que la derogación
de la ley, porque el recurso de inaplicabilidad se entrega a unos
privilegiados. Añade que en esta materia los ejemplos abundan, pues
existe una multitud de disposiciones respecto de las cuales ha habido
reiterados fallos de los tribunales de justicia y, particularmente, da la Corte