Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

invitados acerca de cuál debe ser el ámbito de la acción fiscalizadora de la
Contraloría; si debe extenderse a todos los organismos del Estado,
centralizados y descentralizados e, incluso, a las llamadas empresas del
Estado, las que, por sus características muy similares a las de las empresas
privadas, les parecía que deberían estar sujetas a un régimen mucho más
flexible y menos rígido que el sistema fiscalizador propio de la Contraloría.
Agrega que en esta materia, por de pronto, puede decirse que hubo
consenso de parte de los señores Ministros de Estado y de las autoridades y
profesores, en el sentido de que las llamadas empresas del Estado no
debían, en ningún caso, quedar sujetas al control de la Contraloría, tanto
más cuanto que, como lo señaló el señor Ministro de Hacienda y también el
señor Ministro de Economía, el Gobierno tiene en esta materia el proyecto
de crear una especie de corporación de empresas públicas.
Señala que a los invitados les pidieron su opinión respecto del control
jurídico, en el sentido de que si, en concepto de ellos, debía quedar
establecido en la nueva normativa constitucional, y la verdad es que el
criterio fue unánime en cuanto a que las facultades de la Contraloría de
representar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los decretos debía tener
jerarquía constitucional y, como consecuencia de ello, también el régimen
de insistencia debería estar consagrado en la Carta Fundamental. Anota que
a este respecto, refiriéndose especialmente a lo que podría ser la normativa
en la Constitución definitiva, puede decirse que también hubo consenso, por
lo menos, entre los profesores de Derecho, en el sentido de que deberían
establecerse algunas excepciones sobre la facultad de insistencia del
Presidente de la República, en los casos, por ejemplo, en que la Contraloría
hubiera representado la ilegalidad o la inconstitucionalidad de un decreto
promulgatorio de una ley por apartarse de los términos en que la había
despachado el Congreso, o de un decreto promulgatorio de una reforma
constitucional por apartarse también de los términos en que la aprobó el
Parlamento, como, asimismo, en el caso de la promulgación de un decreto
que viole la Constitución. Explica que se estimó, en cierto modo con el
consenso de los miembros de la Comisión, que en esos eventos la discrepancia
debería ser resuelta, dentro de un régimen institucional normal,
por un Tribunal Constitucional con una conformación naturalmente distinta
de la que tuvo durante el régimen anterior,
Expresa el señor Ortúzar que en cuanto al control jurídico, o sea, de
la juridicidad, consultaron a los invitados si estimaban conveniente que la
Contraloría pudiera llegar al extremo de anular, en determinados casos, un
decreto o acto de administración en las situaciones que, según el
anteproyecto del señor Contralor, conforman el “sistema contencioso de
anulación”, y, en verdad, la opinión fue unánime para estimar que en
ningún caso la Contraloría podría tener esta facultad porque sería colocarla
por encima del Poder Administrador, y que esta facultad, en caso de
otorgarse a algún organismo, debería encomendarse a uno de tipo
jurisdiccional, que podrían ser los tribunales contencioso-administrativos,
porque hoy día ni siquiera la tienen los tribunales ordinarios de justicia, los
que, frente a un decreto ilegal, pueden prescindir de él, pero en ningún caso
declarar su nulidad.