Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

nomenclatura administrativa que, en doctrina, está reconocida por todos,
y según la cual existen determinadas instituciones que tienen un sistema
jurídico perfectamente precisado. No sabe si será necesario referirlo a una
legislación positiva, o establecerlo de acuerdo con este concepto ya
apreciado y determinado por todos. Es cuestión de discutirlo.
El señor ORTUZAR (Presidente) le expresa que, si es posible, tanto
mejor, pero le parece que pueden tener dificultades para precisarlo.
El señor BERTELSEN cree que el punto respecto del cual acaba de
insistir el señor Lorca se relaciona con lo que él ya manifestó en una
sesión de la última semana en cuanto a la necesidad de establecer en la
Carta Fundamental ciertas bases acerca de la administración del Estado.
Piensa que ese conjunto de instituciones administrativas existentes
en Chile, muy difícil de asir, y casi caótico en su nomenclatura, organización
y actuación, puede o debe reducirse a ciertos tipos, como lo ha
hecho la doctrina administrativa en otros países, de instituciones
administrativas. Habrá, entonces, los típicos servicios públicos, dependientes
de un Ministerio, sobre los cuales no cabe duda alguna, y caen de
lleno bajo la fiscalización de la Contraloría.
Ahora bien, cree que, al otro extremo, hay otro tipo de organismos,
como las llamadas empresas del Estado. Se trata propiamente de
instituciones económico-empresariales que, por diversas razones,
pertenecen al Estado. Pero piensa que este dominio del Estado no debe
llegar a la modificación del modo de actuar de tales instituciones y
convertirlas en servicios públicos comunes, porque, naturalmente, la agilidad
operativa de esas empresas se perdería.
Esta materia, que la considera importante, porque implica precisar
el ámbito de acción de la Contraloría, deben, si no resolverla ahora, por lo
menos dejarla pendiente para cuando se aborde el problema de las bases
constitucionales de la administración del Estado, respecto de las cuales es
necesario precisar cuáles van a ser los grandes tipos de instituciones
administrativas, y señalar que, sobre tales tipos, tiene plena injerencia la
Contraloría, y que sobre tales otros, a lo mejor existe una injerencia
limitada y que, tal vez, algunas instituciones administrativas, como las
empresas del Estado, van a quedar exentas del control de la Contraloría.
El señor ORTUZAR (Presidente) considera que esa excepción debe
establecerse en la ley. Por eso, le parece que en esta materia la norma
constitucional debe ser relativamente amplia. Concuerda en que se
pueden emplear algunos términos, como, por ejemplo, sobre los organismos
e instituciones centralizadas y descentralizadas y demás organismos
que determinen las leyes. Cree que no pueden entrar a enumerarlas
todas, sino agruparlas en forma muy esencial; y dejar, en definitiva,
entregada a la ley la excepción propiamente tal, porque incluso, en
el caso de las empresas del Estado, es posible que sea menester ejercer
un control contable o financiero.