Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

especto de los contratos administrativos, el plazo es de un año, contado
desde la celebración de los mismos.
El señor ORTUZAR (Presidente) consulta qué entendió la Subcomisión
por contrato administrativo.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión sobre lo contenciosoadministrativo)
señala que en realidad aquí hubo otro problema que fue
debatido ampliamente. Contratos administrativos son todos aquellos
contratos en que intervenga la Administración, tales como contratos de
concesión, etcétera, con la excepción de los contratos que están regidos
por el derecho privado, pues en ese caso rigen las normas generales.
Añade que los artículos 38 y 39 establecen que todo lo concerniente
a representación y defensa, en lo que respecta a los particulares, está
regido por las reglas generales del Código Orgánico de Tribunales, el Código
de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica del Colegio de Abogados.
En lo atinente a la representación y defensa del Estado, será asumida
por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado o los abogados
procuradores de las distintas Cortes de Apelaciones. En el caso de que la
demandada tenga personalidad jurídica, se rige conforme a las normas de
la Ley Orgánica.
Expresa que desea volver a algo que se dijo en la sesión pasada en
cuanto a lo que llamaba “facultades oficiosas”, que en concepto de la
Subcomisión es muy interesante. Esto va a ser de conocimiento de la
Comisión en la discusión particular, indudablemente, pero es interesante
tenerlo presente. La Subcomisión se preocupó especialmente de esta
materia. Se faculta al juez para disponer de oficio la práctica de todas las
diligencias que estime pertinentes para la adecuada decisión del asunto,
cualquiera sea el estado de tramitación del juicio; puede pedir en uso de
estas facultades a la Administración, o a la institución demandada, que le
proporcione los antecedentes necesarios para resolver la acción, en especial
los que se refieren al acto o disposición impugnada. En realidad, esto tiene
mucho interés porque la Administración es reacia a proporcionar estos
antecedentes, y es por eso que había que decirlo en forma expresa.
Se establece también un plazo para remitir los antecedentes solicitados
al tribunal, y es de veinte días contados desde el momento en que
se solicitan. Vencido ese plazo, el tribunal puede reiterar la petición. Si
transcurridos diez días desde la fecha de la reiteración de la solicitud los
antecedentes no son recibidos, el tribunal puede oficiar al Contralor General
de la República para que proceda derechamente a perseguir la
responsabilidad disciplinaria del funcionario infractor. Entonces, están
consideradas todas las situaciones. A propósito de lo que decía el señor
Presidente de la Corte Suprema, refiriéndose a la notificación, había
algunos casos en que no se podía practicar una notificación. Por eso, están
perfectamente consideradas todas las situaciones en que puede ser reacia
la Administración en proporcionar estos antecedentes.