Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

también una resolución de hecho muy excepcional. Moviéndose, entonces,
en la esfera de suponer que, dentro del sistema constitucional, el Presidente
nunca puede apartarse ni de su competencia, ni de la legalidad, ni de la
constitucionalidad, le parece que los diferendos de interpretación entre él y
el Contralor —ésa es siempre la fuente más numerosa de las
discrepancias— deben ser sometidos a la resolución final del Tribunal
Constitucional.
La señora BULNES declara que mantiene sus dudas en cuanto a la
posibilidad de ir a la distinción entre un tipo de actos y otro. Cree que
siempre el órgano ejecutivo se asilaría en que la medida corresponde a un
determinado tipo de actuaciones.
Agrega que el señor Guzmán ha tocado el punto de que el Presidente
de la República siempre debe actuar dentro de la Constitución y de la ley.
Piensa que en esta idea se funda todo lo que es el Estado de Derecho.
Precisamente, el propio Estado de Derecho ha creado los mecanismos
necesarios para la oportunidad en que el Primer Mandatario tenga que
salirse de la Constitución y de la ley. Ese es el fundamento, ésa es la
filosofía de los estados de emergencia. Entonces, cuando existen razones de
orden superior, el Presidente tiene en su mano una herramienta, que es el
estado de emergencia. Estima que ahí se da todo lo que han venido
discutiendo y viendo hasta este momento, porque ahí se conjuga la realidad
política con las necesidades jurídicas del control.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
señala que esta materia está erizada de dificultades. Y lo está tanto más
cuando —como parece que ocurriría— no existe un órgano ante el cual
hacer efectiva la responsabilidad política del Presidente de la República. En
la Constitución de 1925 existía la posibilidad de que la Cámara de Diputados
lo acusara constitucionalmente ante el Senado. Este era el tribunal ante el
cual se alegaba si se había excedido o no se había excedido en el orden
constitucional, y su resolución era definitiva e inapelable. Pero, hasta donde
sabe, ahora no se ha creado un órgano de esta índole. Entonces,
evidentemente, tienen que ajustarse un poco al mecanismo que, supone,
será el que va a existir.
En cuanto a lo que decía la señora Bulnes, se había referido,
justamente, al tratar de la insistencia, a los casos de emergencia constitucional:
calamidad pública, orden público. Es obvio que, en esos casos, hay
un elemento especial que ponderar.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que para él es incuestionable
que la Contraloría tiene siempre la facultad de representar un decreto del
Presidente de la República, sea por ilegalidad, sea por inconstitucionalidad.
Ahora, si lo es por ilegalidad, considera que el Primer Mandatario puede y
tiene el derecho de insistir siempre. Es cierto que debe hacerlo en forma
discrecional. Es cierto que, como señala el profesor Guzmán Dinator,
debiera hacerlo por razones superiores. Pero le parece prácticamente
imposible precisar en la Constitución cuáles son esas razones superiores.
Por otra parte, pretender limitar al Presidente, en forma vaga e imprecisa,