Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

esta modificación debe ser expresa y debe entenderse incorporada al Acta
Constitucional N° 3): “La Constitución asegura a todos los habitantes de la
República: La libertad de enseñanza”.
El inciso que viene dispone:
“La libertad de enseñanza comprende el derecho de impartir
conocimientos; el de elegir el contenido, sistema y método de la enseñanza;
el de abrir y mantener establecimientos educacionales, organizando su
vida interior, administrativa y docente”.
El inciso primitivamente aprobado por la Comisión agregaba: “y la
facultad de acreditar el grado de conocimientos adquiridos por los
alumnos”.
En verdad, cuando la Comisión aprobó la frase que el Ministerio de
Educación propone suprimir tuvo presente que el inciso primero se está
refiriendo de un modo general a la libertad de enseñanza y no sólo a la
enseñanza sistemática, porque el inciso cuarto, que pasa a ser quinto, dice:
“Al Estado corresponderá señalar los requisitos mínimos que deberán
cumplirse para cada uno de los niveles de la enseñanza sistemática y
comprobar su cumplimiento en un procedimiento objetivo de general
aplicación. Las certificaciones, grados y títulos que otorguen los
establecimientos de enseñanza particular que cumplan con estos requisitos
tendrán plena validez”.
En esa oportunidad, la Comisión pensó que, tratándose de otros
establecimientos, por ejemplo, institutos que enseñan un idioma —francés,
inglés— o cualquier oficio, inclusive que impartan clases de cocina, ellos
estaban autorizados en cierto modo para otorgar el correspondiente
certificado que acredite los estudios que se efectuaron en ellos. Sin
embargo, concuerda con la observación formulada por el Ministerio de
Educación. Cree que cada establecimiento tiene facultad de acreditar el
grado de conocimientos adquiridos por sus alumnos, cuando se trata de un
establecimiento de enseñanza que no sea la sistemática; pero ella carece
de validez legal. En cierto modo, eso queda comprendido dentro de la
facultad que tiene el establecimiento para organizar su vida interior,
administrativa y docente: certificar que se han efectuado tales o cuales
estudios y dar el título que crea conveniente. Pero, si se agrega aquí, como
se había hecho primitivamente, reconociendo la facultad de acreditar el
grado de conocimientos, podría entenderse que el Estado, en cierto modo,
garantiza la validez de ese título.
Ha pensado en la modificación propuesta por el Ministerio. Es efectivo
que el motivo que se tuvo para contemplar esta disposición es distinto. Sin
embargo, piensa que está bien la enmienda formulada.
El señor MONTAGNA (Subsecretario de Justicia) dice que si no
recuerda mal, pues estuvo presente en la discusión de las Actas
Constitucionales, cree que fue ésta, justamente, una observación hecha por
el General Leigh en aquella oportunidad, en cuanto a estos institutos un
poco ajenos a la enseñanza sistematizada y a que de ello pudiera colegirse