Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Así se consagraría lo que está sucediendo desde 1925, sin que la
Contraloría tenga la facultad anulatoria; pero conociendo sí del reclamo de
los funcionarios, de los particulares, o de los terceros que se sientan
afectados por una disposición a la que la Contraloría ha dado curso, o por
una disposición del Ejecutivo. Podría ser una solución, porque,
indudablemente, son dos problemas que están amarrados entre sí y que
habrá que definir seguramente antes de tomar una decisión definitiva,
El señor LORCA consulta al señor Contralor si acaso esta facultad
anulatoria de la Contraloría se está ejerciendo actualmente, porque algunos
decretos, en virtud de gestión de particulares, han motivado cambios de la
Contraloría.
Sabe de un caso en que la Contraloría tomó razón, pero,
posteriormente, por antecedentes que se hicieron llegar por terceras personas
ajenas a ella, se dejó sin efecto un decreto para que fuera nuevamente
cursado.
El señor HUMERES (Contralor General de la República) responde que
en este caso, si se ha dejado sin efecto el decreto, tiene que haberlo hecho
la propia autoridad que lo dictó. La Contraloría lo que si puede hacer frente
a su jurisprudencia es cambiarla, si hay nuevos antecedentes; es decir,
cambiar su interpretación. Pero no podría decir que tal o cual decreto está
mal tomado de razón y queda sin efecto. Sí puede oficiar —como lo hace—
al Ministerio o a la repartición correspondiente pidiendo que se deje sin
efecto, que se anule la disposición, o que se dicte otra.
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) acota y en este caso
como ex funcionaria de la Contraloría, que la tesis señalada por el Contralor
General y que en numerosas oportunidades le correspondió aplicar durante
los quince años en que se desempeñó en ese organismo, es la siguiente:
Cuando Contraloría, no obstante haber tomado razón, como el
Contralor señala, de un decreto o de una resolución de la autoridad
administrativa, descubre con posterioridad, por nuevos antecedentes que
se le allegan por parte interesada —y ahí hace un poco de tribunal de lo
contencioso—, o simplemente de oficio, que ha existido un error en el
trámite de toma de razón, que ha habido una equivocada interpretación de
la norma, o que ha habido un falseamiento o poca claridad en los hechos,
oficia al respectivo Ministerio o autoridad diciéndole que el acto está
afectado de ilegitimidad. Al mismo tiempo, la Contraloría, en su nutrida
jurisprudencia, ha sostenido que la autoridad en este caso está en el deber
jurídico de proceder a la invalidación, que está en la obligación jurídica —no
obligación moral— de ejercer la autoridad, la potestad anulatoria que le es
propia.
Pero, ¿qué ocurre? Aquí se vuelve al punto de la falta de imperio de
esta decisión, o falta de imperio del sumario administrativo. Esta
responsabilidad se puede hacer efectiva por la vía del sumario administrativo
seguido en contra de la autoridad, pero que en definitiva culmina