Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

como principio constitucional. Sin embargo, tiene fuertes dudas. Lo que se
está buscando aquí es, precisamente, mantener la independencia del Poder
Judicial y protegerlo con el fin de otorgar una justicia letrada eficientemente
calificada. ¿Se consigue tal propósito introduciendo toda clase de requisitos
y condiciones? Por ejemplo, si el día de mañana se crean “tribunales
populares”, ello se logrará cuando se cambie todo el sistema social, cuando
triunfe, por ejemplo, una posición política que arrase con todas las normas
constitucionales, y todos los obstáculos van a aparecer ridículos.
A su modo de ver, debe concebirse un precepto que facilité la
organización de la justicia en las mejores condiciones posibles e imposibilite
una modificación del sistema social de que se trata, mientras rija la
Constitución de que se trata, en forma tal que permita también —no es por
defender su indicación— una permanente consulta a la Corte Suprema
sobre cada proyecto de ley que pretenda innovar en estas materias. Y si
fuera posible también la aprobación de un órgano, como el consejo de
Estado —si es que se establece en forma permanente—, estima que
obtendrían un resguardo bien claro acerca del carácter que debe tener la
justicia.
Le da la impresión de que todas las normas que puedan establecer
aquí se referirán a los tribunales establecidos en la ley sobre Organización y
Atribuciones de los Tribunales y que los demás como que quedan un poco al
margen: todos los tribunales especiales podría considerarse que quedan al
margen.
También tiene dudas acerca de qué pasa con los Tribunales Militares
en tiempo de paz. Según el artículo 86, están sometidos a la Corte
Suprema, pero ¿son letrados?
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) acota que en
tiempo de paz, los Tribunales Militares son letrados porque tienen auditor,
aún cuando el juez no lo es.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que la indicación a que hace
referencia el señor Carmona tiene por objeto establecer que toda iniciativa
de ley, todo proyecto, que modifique la estructura, atribuciones u
organización del Poder Judicial, sea sometida en consulta a la Corte
Suprema y aprobada por el Consejo de Estado sobre la base, naturalmente,
de que este organismo exista como institución constitucional.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) acota que
habría que agregar la condición de que la Corte Suprema tenga que aprobar
la consulta.
El señor DIEZ señala que no es así; la interpretación es la que señaló
el señor Carmona: se trata de un simple conocimiento del asunto por parte
de la Corte Suprema. De lo contrario se estarían otorgando facultades
legislativas a la Corte Suprema.