Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

como una deferencia porque, si han aprobado con él todas estas
disposiciones, le parecería un poco descortés de parte de la Comisión llegar
a conclusiones —si es que llegan— sin siquiera darle la oportunidad de
intervenir.
Añade que el primer artículo dice: “La facultad de conocer de las
causas civiles y criminales, sentenciar y hacer ejecutar lo juzgado
pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el
Presidente de la República, ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer
funciones judiciales, abocarse a causas pendientes y hacer revivir procesos
fenecidos”.
Este primer inciso es prácticamente igual al artículo 80, con la única
diferencia, como señaló al comienzo, de que se precisan mejor las distintas
etapas del procesamiento, pues, en lugar de referirse a la facultad de
juzgar, se refiere a la facultad de conocer, sentenciar y hacer ejecutar lo
juzgado.
El señor BERTELSEN expresa que tiene dos observaciones que hacer
a este inciso. La primera es que se encuentran con una mención a una
institución como el Congreso, que no está funcionando, o no existe, por lo
cual, si van a refundir el texto para elaborar el Acta Constitucional, tienen
que cambiar la expresión.
La otra observación incide en el alcance que puede dársele a la
expresión “causas civiles” —con las causas criminales no hay dificultad—
porque, si piensan en lo relativo a lo contencioso-administrativo, y si toman
el término “civil” como sinónimo de toda acción pecuniaria, podría ser, pero
hay algunos asuntos contencioso-administrativos en que lo pecuniario está
muy al margen.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que sobre ese particular
quiere hacer presente al señor Bertelsen que hay un proyecto elaborado
por la Subcomisión. Ese proyecto fue elaborado sobre la base de ciertas
pautas generales que dio la propia Comisión, y hubo acuerdo unánime de la
Subcomisión para que el conocimiento de los asuntos contenciosoadministrativos
fuera entregado en el hecho a la justicia ordinaria. Si bien
es cierto que en una primera instancia deberían conocerlos los jueces
letrados de asiento de Corte, en una segunda instancia la Corte
probablemente estaría integrada con algunos especialistas.
En todo caso, ha habido consenso para que estos tribunales queden
necesariamente sometidos a la jurisdicción disciplinaria de la Corte
Suprema. De manera que no les mereció duda alguna en el sentido de que
estaban comprendidos dentro de las expresiones que emplea este artículo.
Con mayor razón si en definitiva, en otro precepto que se refiera a lo
contencioso-administrativo, se dirá en forma explícita que quedan bajo la
jurisdicción del más alto tribunal de la República.
Agrega que en cuanto a la primera observación, tiene toda la razón.