Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor GUZMAN (Superintendente de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio) expresa que coincide
fundamentalmente con los comentarios de don Miguel Ibáñez, en cuanto
se refiere a otorgar rango constitucional a las disposiciones contenidas en
él.
Agrega que hay artículos que se mantienen en la Constitución
Política, como el 1°, que ya está con rango constitucional. Pero el artículo
2°, incisos primero y segundo, forma parte de la ley orgánica de la
Contraloría, con la diferencia de que la designación de Contralor requeriría
en el futuro el acuerdo de la Junta de Gobierno, en vez del Senado. Lo
relativo a su inamovilidad y responsabilidades está en la ley de la
Contraloría.
Los artículos 3° y 4° corresponden, fundamentalmente, a la ley
orgánica actual. Lo nuevo es el inciso segundo del artículo 4°, el cual
dispone que el Contralor General “podrá aplicar directamente las medidas
disciplinarias que deriven de un sumario o investigación administrativos”.
En esta materia, señala, tiene las mismas aprensiones del señor
Superintendente de Bancos. En este momento, sólo existe esa facultad
para circunstancias muy especiales, como el uso indebido de vehículos
fiscales, Pero ahora —lo que le parece bastante delicado— la Contraloría
propone aplicar directamente medidas disciplinarias. Esto, en su opinión,
es otorgarle un poder bastante grande.
Añade que el inciso primero del artículo 5° es igual al actual. El
inciso segundo señala que el mecanismo de la insistencia sólo procederá
tratándose de decretos o resoluciones representados por causal de
ilegalidad, no por inconstitucionalidad, lo que entiende que es una novedad.
En cuanto al control a posteriori, el inciso tercero establece que se
extenderá a lo que se denomina el sistema contencioso de anulación. Esta
facultad que se le está otorgando a la Contraloría es sumamente
importante y delicada, por cuanto cree ver, a través de este procedimiento,
una sustitución de los tribunales administrativos por el Contralor.
Cree que el espíritu de la Comisión es que el sistema contencioso de
anulación se verifique por medio de tribunales especializados —
evidentemente, si por razones financieras o económicas no hay dinero
para los tribunales establecidos, menos habrá para tribunales administrativos—,
y entiende, además, que el proceso contencioso de anulación
se refiere sólo a la anulación; pero si de ella derivara un proceso
indemnizatorio, ese proceso tendrá que estar a cargo de los tribunales
ordinarios actualmente existentes.
Agrega que el artículo 6°, que en su primera parte se refiere al
ejercicio del control contable y financiero, está en la Constitución actual, y
la segunda parte le da rango constitucional al decreto ley 1.263 actual.