Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

temas en forma completamente distinguible.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que, es evidente que, en
esa forma, se facilita mucho el debate de la Comisión. Pero es que no se
había partido de esa premisa, en gran parte por la redacción que tiene el
actual artículo 72, número 17.
Si se van a referir en este precepto nada más que al fuero ordinario,
cree que lo único que habría que resolver, entonces, es si la citación judicial
de un magistrado —sobre esto no ha emitido opinión el señor Díez, ni
tampoco doña Alicia Romo— debe o no debe estar amparada por el fuero
cuando se ha iniciado una querella criminal en su contra. Ese es el único
punto. El sometimiento a la vigilancia de la autoridad queda descartado,
porque solamente jugaba en las situaciones de emergencia, ya que, como
señala el señor Ovalle, no hay disposición legal que lo permita sino en el
caso de cumplimiento de la sentencia.
El señor DIEZ señala que él se inclina por la tesis de que para esto
no sea necesario el desafuero, porque puede causar más daño al juez y a
su prestigio el llevar el asunto al desafuero sin ninguna razón. Prefiere que
haya un tribunal que, privada y discretamente, en primera instancia, lo cite
y determine si debe pedirse el desafuero o no, y que el desafuero sea
pedido por el juez de la causa y no por cualquiera persona. De lo contrario,
el desafuero se transforma en un arma política contra la honra de un juez.
El señor ORTUZAR (Presidente) agrega que, además, es muy difícil
para la Corte negarse a autorizar una citación, porque ésta tiene por objeto
oír, iniciar, por así decir, una investigación.
Manifiesta que, en primer término, el acuerdo de la Comisión sería
referir esta disposición única y exclusivamente al fuero ordinario que dice
relación al ejercicio de alguna acción judicial en contra de un magistrado.
Segundo, suprimir la expresión “perseguido”, porque en esas
circunstancias ya no se justifica de manera alguna, pero dejando en claro
que cuando se trate de la facultad del Presidente se defenderá el término
“perseguido”. Entonces, el texto diría: “Ningún Juez de Letras o del
Trabajo, Fiscal o miembro de los Tribunales Superiores de Justicia ni
Ministro de una Corte del Trabajo puede ser procesado o privado de libertad
desde el día de su designación y mientras no cese en el cargo por ninguna
autoridad o agente de ella sin autorización del Tribunal Pleno, de la Corte
de Apelaciones respectiva, en el caso de los Jueces, o de la Corte Suprema
en los demás casos, salvo que se trate de crímenes o simples delitos
flagrantes y sólo para ponerle de inmediato a disposición de la Corte
Suprema o de Apelaciones correspondiente. De las resoluciones respectivas
se puede apelar ante la Corte Suprema”.
Agrega que deben resolver varios puntos al respecto. Primero, si
mantienen la frase “por ninguna autoridad o agente de ella”; segundo, si la
“Corte de Apelaciones respectiva”, como ya se ha pronunciado en cierto
sentido la Comisión, debe ser la de la jurisdicción en que hubiera ocurrido