Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Suprema tenía facultad para declarar la inaplicabilidad en cualquiera de los
casos; pero la Corte Suprema, ya en forma definitiva, y por sentencias
consecutivas, reiteradas, ha declarado que no le corresponde pronunciarse
sobre la inaplicabilidad de forma, porque ello sería entrometerse en las
facultades del Parlamento respecto a si tuvo quórum o si no lo tuvo, si se
respetaron los plazos, etcétera; es decir, de este modo la Corte entraría a
analizar las facultades propias del Parlamento.
Repite que la Corte ha llegado a la conclusión de que el recurso de
inaplicabilidad procede solamente respecto de la inaplicabilidad de fondo y
no de forma, y, por lo demás, cuando se creó el Tribunal Constitucional, se
aclaró el problema, porque la inconstitucionalidad de forma se la entregó la
Carta Fundamental al Tribunal Constitucional.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que por eso él señalaba
que el precepto —por lo menos, con la interpretación que en la práctica se
le ha dado por la Corte Suprema— aparece refiriéndose a la
inconstitucionalidad de fondo; pero hace notar que su pregunta era de que,
dentro de esta posición en que se ha colocado la Corte Suprema, ¿qué
ocurre si el día de mañana un Presidente de la República promulga un
texto legal distinto del que ha sido aprobado por la Cámara, el cual no ha
sido objetado, por omisión u otro motivo, por la Contraloría en el decreto
de promulgación? O bien, ¿qué ocurre si el Presidente de una Cámara —va
a suponer el del Senado, imaginándose que existirá un régimen bicameral
en el futuro— comunica un proyecto distinto del aprobado por las
Cámaras? ¿Qué habría sucedido si en el pasado se hubiera planteado esta
situación ante la Corte Suprema, cuando ni siquiera había sido efectiva la
posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, porque esa posibilidad
decía relación con los proyectos de ley en trámite que pudieran haber sido
inconstitucionales?
Hace notar que en el caso que está suponiendo se trata de un
proyecto de ley cuya tramitación ha terminado y respecto del cual el
Presidente de la Cámara correspondiente lo comunica al Ejecutivo en
términos distintos del aprobado, o el Presidente de la República, a su vez,
lo promulga en términos diferentes; o sea, se promulga una disposición
que no es propiamente ley.
Estima que en un caso así la Corte Suprema debería tener atribuciones
porque, de lo contrario, se tendría que contemplar algún organismo
constitucional que tuviera la facultad de declarar que ese precepto
que no tiene el valor de ley, no es ley, por lo que deja planteada esa
situación.
El señor OVALLE cree que el problema planteado por el señor
Presidente de la Comisión deberá ser considerado cuando se estudie en su
contexto las facultades de los distintos organismos que van a tener
participación en estas materias, y, particularmente cuando se aboquen al
tema —como bien acota el señor Díez— de la formación de las leyes y de la
existencia eventual de un Tribunal Constitucional o de otro organismo.