Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

o conculcar, lo que es más peligroso, garantías y libertades públicas.
Estima que para cumplir esos fines del Estado —seguridad, creación
del derecho, promoción del bien común—, existen los Poderes estatales, y
ya don Rafael Raveau, en su obra “Derecho Constitucional Chileno y
Comparado”, páginas 135 y 136, decía —poco después de 1940—, que “la
distinción entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no indica que en
el Estado no existan otros Poderes” —a su juicio existen, también, el Poder
Constituyente, el Poder Electoral— y él agregaba el Poder Provincial y el
Poder Administrativo.
Piensa que en teoría política el Estado de Derecho, concebido como lo
ha reseñado en sucintas palabras, requiere de la presencia y de la
existencia de un Poder Contralor.
Se pregunta ¿Cuándo hay un Poder del Estado y no otra entidad, que
puede ser estatal? Y al respecto cree que es necesario, como primer
requisito, siempre en teoría política, que haya una potestad pública o
facultad de mando o de decisión establecida por el ordenamiento fundamental,
o, como dice el profesor Mario Bernaschina, que exista un órgano
estatal superior; enseguida, como segundo elemento, que esa potestad sea
independiente de los otros Poderes del Estado, sin que exista vínculo de
subordinación jerárquica o dependencia funcional, y, como tercer elemento,
que esa potestad ejerza funciones jurídicamente distintas, o sea, que
produzca efectos, en derecho, diferentes de los que cumplan otras
potestades del Estado; y así, concurriendo estos elementos, puramente en
teoría política, hay un Poder del Estado.
Agrega que, fundándose en una opinión del profesor Silva Cimma,
dada en su obra “La Contraloría General de la República”, de 1945, y
ampliándola, sostiene que para que pueda hablarse de Estado de Derecho
es requisito indispensable la existencia y funcionamiento armónicos de las
instituciones políticas y, además, la existencia de un Poder Contralor y
fiscalizador que, con independencia y autonomía en su acción, libre de
presiones y afanes personales, de partido, de intereses o de círculos,
mantenga, con eficacia y energía, una supervisión activa del aparato
estatal, para que cumpla sus fines —ya vieron la importancia y extensión de
ellos— dentro del ordenamiento establecido.
Considera que en el régimen constitucional chileno la Contraloría
General de la República es un Poder del Estado y que el régimen
institucional del país la ha consagrado como Poder del Estado por las
siguientes razones: el texto del artículo 21 de la Constitución establece que
la Contraloría es un organismo autónomo, es decir, independiente,
diferente, jerárquicamente no subordinado, funcionalmente no dependiente,
activo; se pone en movimiento de manera privativa, y ése es uno de los
elementos de su autonomía. Enseguida, el nombramiento del Contralor
General de la República lo hace el Presidente de la República, con acuerdo
del Senado; la designación del personal de la Contraloría la efectúa el
Contralor, sin consulta a otra autoridad; la inamovilidad del Contralor es
similar a la de que disponen los Ministros de la Corte Suprema; este