Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

prevalecería sobre la razón de carácter exclusivamente jurídico. Cree que
esa norma debería tener primacía; o sea, las circunstancias políticas o de
Gobierno tendrían que prevalecer sobre las consideraciones más o menos
formales del aspecto jurídico.
El señor GUZMAN expresa que ha sido sumamente clara e interesante
toda la exposición del profesor Guzmán Dinator, no obstante lo cual desea
formular una consulta, relacionada con la posibilidad de excluir del
mecanismo de toma de razón y del decreto de insistencia lo que
denominaba “órdenes ilegales”; es decir, decretos que salían del ámbito de
la competencia de quien los dictaba.
Agrega que el problema radica precisamente en que puede suscitarse
una diferencia de interpretación entre el Contralor y el Presidente de la
República en cuanto a si la materia objeto del decreto cae o no dentro de la
competencia de la potestad reglamentaria del Jefe del Estado; y justamente
en esa eventualidad es cuando se encuentran frente al dilema de cuál sería
la solución más conveniente. Por una parte, conceptualmente, cabría la
posibilidad de suponer que el Contralor lisa y llanamente no debe tomar
razón del decreto de insistencia, con lo cual se llegaría a un punto muerto.
La otra alternativa, sería, para un caso semejante, buscar una solución
parecida a la que el señor Ortúzar señalaba hace un momento, que podría
tener lugar, por ejemplo, en el evento de que le decreto promulgatorio de
una ley se apartara del texto legal aprobado de acuerdo con las normas
constitucionales y el recurso fuese ante un Tribunal Constitucional. Desea
saber si a juicio del profesor Guzmán Dinator, en el caso de las órdenes
ilegales ésta sería también la fórmula más adecuada, o si la considera poco
aplicable.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
estima que los conflictos entre el Presidente de la República y el Contralor
pueden tener dos orígenes. Por un lado, conflictos de tipo político, los
cuales, a su juicio, no deberían ir a un Tribunal Constitucional, sino en
consulta a la nación o al pueblo. Si hay opiniones distintas respecto de cuál
está aplicando bien el criterio de la nación o del pueblo, hay que consultar al
soberano por medio del plebiscito.
Distinto es el caso, agrega, cuando se trata de una cuestión de
interpretación jurídica, pues entonces no se está discutiendo acerca de cuál
es la voluntad nacional, sino sobre cuál de los dos Poderes —si es que se
considera a la Contraloría como tal— está interpretando bien la ley, De
manera que en ese caso están en presencia de una cuestión jurídica, y en
ese evento estima que el camino señalado por el señor Presidente es el más
adecuado: que vaya el asunto al Tribunal Constitucional y que él resuelva,
desde un punto de vista estrictamente jurídico constitucional, cuál
mecanismo debe aplicarse.
El señor GUZMAN precisa que entiende que nunca debiera surgir un
conflicto de tipo político entre el Contralor y el Presidente de la República,
por la naturaleza de las funciones eminentemente jurídicas del primero. De
manera que reserva la idea de conflictos políticos sólo para los que surgen