Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

pagadoras y recaudadoras del Estado.
Anota que en 1839 —la tercera etapa— el Presidente Prieto y su
Ministro don Joaquín Tocornal sustituyen a todos los organismos señalados
anteriormente por la Contaduría Mayor y el Tribunal Superior de Cuentas y
aquí se hace intervenir por primera vez en forma orgánica al Poder Judicial,
porque este Tribunal Superior de Cuentas lo integran con Ministros de los
Tribunales Superiores de Justicia.
Destaca que la Contaduría Mayor tenía su ancestro en la Legislación
Española, y esto es importante porque aquí empieza a perfilarse una
institución que va a ir chilenizándose en el aspecto administrativo en la
forma que señalará. Esta Contaduría Mayor tenía facultades para tomar
razón —tomar razón era la expresión textualmente usada en la ordenanza
de esa época— de las leyes, reglamentos y presupuestos de gastos y
resoluciones administrativas que comprometieran fondos públicos, y
respecto de los decretos, o sea, de los actos de administración del Poder
Ejecutivo, tenía la facultad de representarlas y el Presidente de la República
podía insistir, en cuyo caso la Contaduría Mayor daba cuenta al Congreso de
lo que había sucedido.
Explica que el sistema funcionó con este germen de control jurídico —
y lo está llamando así desde ya—, de la administración reducida al gasto
público, hasta 1875, que sería la otra etapa, y 1888, en que se reorganizan
los Servicios de Hacienda creándose una Corte de Cuentas, primero y,
luego, el Tribunal de Cuentas, el que se mantuvo hasta 1925; estos
organismos, que mantienen el control de la legalidad de los decretos de
Hacienda, juzgan las cuentas de los funcionarios que manejan fondos del
Estado, pero, en la práctica, ocurrió que este control jurídico del Tribunal de
Cuentas era un control jurídico que se ejercía a posteriori, o sea, se
decretaba el pago, se efectuaba, y con posterioridad, en el ejercicio
presupuestario del año siguiente, el Tribunal de Cuentas examinaba la
legalidad de la orden del Decreto Supremo que había dispuesto el pago. De
manera que en muchas ocasiones el control jurídico —que no era preventivo
sino que era a posteriori, o posterior, o represivo, según la terminología que
prefiera emplearse—, llegó tarde, y fue así como en la historia
administrativa de este país existen algunos sumarios administrativos
ocasionados por este control jurídico posterior. Agrega que, a continuación,
se hacía efectiva, si era procedente, la responsabilidad del Ministro de
Estado respectivo.
Hace saber que este proceso —muy nuestro, muy chileno—, va poco
a poco creando en la mentalidad institucional chilena la necesidad de un
control jurídico del acto administrativo en lo que dice relación con el gasto
público, evolución que llega hasta 1925, en que en Chile se aprovecha la
presencia de la Misión Kemmerer y se pide que, como entre los problemas
que existen y que deben solucionarse está el del control del gasto público,
determine cuál es el sistema para controlar jurídicamente y fiscalizar el
ingreso de inversión de los fondos del Estado, y es así como, fruto del
informe de esta Misión, fue la creación de un organismo con el nombre de
Contraloría General de la República, mediante el Decreto con Fuerza de Ley