Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

cendental, porque se relaciona, precisamente, con las nuevas ideas que
están surgiendo, tanto en ODEPLAN como en CONARA, en cuanto a que
las empresas del Estado y los servicios descentralizados tomen un
aspecto decididamente diverso del que han tenido hasta hoy en la estructura
y en la organización administrativas, Le parece que como este
punto es de gran trascendencia, tendría que definirse aquí, en la Comisión,
a través del establecimiento de un concepto muy claro de lo que
debe ser la jurisdicción propia de la Contraloría.
Agrega que el otro aspecto que también estima fundamental es el
que dice relación a la intensidad de las funciones de la Contraloría, porque
la acción de este organismo —como muy bien lo decía el señor Kelly—
tiene que dirigirse a lo que tradicionalmente ha caracterizado y
fundamentado sus atribuciones de vigilancia de ciertos aspectos del funcionamiento
de los servicios públicos y otras entidades, control que no
podría extenderse en términos que pudieran significar la paralización de la
administración pública e impedir que puedan realizar esta nueva etapa
aquellas otras entidades que, si bien es cierto, están enmarcadas dentro
de la Administración Pública y forman parte del organigrama administrativo,
dependen del Presidente de la República, quien ejerce sus
atribuciones respecto de ellas a través de los Ministerios correspondientes.
Por eso, es necesario determinar con precisión las facultades de la
Contraloría sobre estas empresas estatales, las que, según entiende, están
siendo objeto de un acucioso estudio por parte de la Comisión
Nacional de Reforma Administrativa, con la que ha tenido oportunidad de
tomar contacto y donde se le ha informado que a esas empresas se
piensa darles una estructura totalmente diferente de la que han tenido
hasta ahora.
Repite que estos dos aspectos le inquietan, además, naturalmente,
de lo que muy bien ha señalado el señor Presidente con respecto al régimen
de insistencias.
Destaca que otra materia que tendrá que tratarse muy a fondo es
la relacionada con el llamado “recurso de anulación”, atribución que la
Contraloría pretende que se le entregue, y respecto de lo que algunos
miembros de la Comisión han estimado que darle esa facultad a la
Contraloría significaría, prácticamente, que ésta sería la autoridad
administrativa que en definitiva resolvería todos los problemas que se
suscitaren, lo que, en realidad, no debe ocurrir en un sistema efectivo de
administración.
El señor ORTUZAR (Presidente) ofrece la palabra al General señor
Canessa.
El señor CANESSA (Ministro Presidente de CONARA) expresa que
una de las materias, justamente, a las cuales no se quiso referir —lo tenía
anotado en el esquema— es el estudio que han hecho de las empresas
públicas y de sus relaciones con el Gobierno a través de un organismo
que se está estructurando en conjunto con el sector económico, que es la